Por Naldy Rodríguez
El 23 de mayo, la difusión de un boletín de prensa llamaba mi atención: una menor de tan sólo 13 años de edad era trasladada vía aérea del Valle de Uxpanapa al hospital del sector Salud de Coatzacoalcos. Presentaba complicaciones médicas tales como eclampsia, convulsiones y deterioro neurológico, generado por la desnutrición, ausencia de control prenatal y su corta edad para estar embarazada.
Ella sobrevivió, no así el bebé que nació en la semana 32. Murió en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, pese a todos los esfuerzos médicos.
Para muchas personas parece que no es grave que una menor de edad, una niña o una adolescente, tenga un embarazo. Ni siquiera por el hecho de que la mayoría de los casos son producto de una violación, de un entorno violento, que por ningún motivo tenían que haber trastocado su inocencia y su paz.
En aras de una defensa a ultranza de la vida, tampoco les importa que esas niñas pongan en riesgo su vida o que mueran, como las 4 mil 30 adolescentes que fallecieron en México durante el embarazo, el parto o el posparto entre 2000 y 2016, de acuerdo al estudio realizado por la consultora de salud reproductiva Raffaela Schiavon.
Es pertinente y oportuna la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se pronuncia a favor del aborto legal y seguro para mujeres y niñas en caso de violación. Por eso, desechó dos proyectos que proponían invalidar la modificación a la Norma que regula el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en las excepciones previstas en el Código Federal y que son excluyentes de responsabilidad tanto para la mujer como para quien practique el aborto.
En términos del artículo 333 de dicho ordenamiento, “no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación”. En la practica, en los centros de salud se niegan a realizar la interrupción del embarazo, según han señalado organizaciones sociales.
En el marco de la organización de movilizaciones a favor del aborto, este lunes los ministros de la SCJN avalaron que para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sólo será necesaria la previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada, de que dicho embarazo es producto de una violación.
En el caso de niñas menores de 12 años, el padre, madre o tutor podrán realizar la solicitud. Y tanto para mujeres adultas como adolescentes quedaría eliminado el requisito de la autorización previa de la autoridad competente.
Además, el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante.
Los pañuelos verdes se han convertido en un referente del movimiento por una ley de aborto seguro y gratuito en Latinoamérica. Las mexicanas no han sido la excepción y lo han portado para manifestar su oposición a la criminalización de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
Este 8 de agosto, de forma simultánea, lo volvieron a hacer en 9 estados de la República. Se trató de CDMX, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Baja California y Veracruz.
“Me gustaría que estas páginas sirvieran para detenernos un poco en la queja, el grito, la vociferación y la violencia, y pensáramos que más allá de todo el dolor por las víctimas, dolor atroz e inmerecido, hay niños que no reclaman nada, no gritan ni lanzan improperios, sonríen con su corazón en lo más hondo de la desesperación y la fractura, niños en silencio que solo soportan, sin saber por qué ellos, las secuelas de los tiroteos, los levantamientos, los secuestros, la impunidad y los asesinatos”: Javier Valdez, Huérfanos del Narcotráfico.
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