“No nos apoyaron, nos dejaron solos en la búsqueda de nuestros hijos; las respuestas siempre eran: ‘mañana, después, no hay recursos’. No había puertas abiertas. No había ni siquiera un trato digno, mucho menos respeto a los derechos humanos”, esto era el día a día de los familiares de desaparecidos cuando acudían a las instituciones que, supuestamente, debían protegerlos frente a la violencia en Veracruz.
Durante muchos años, la procuración e impartición de justicia se caracterizaron por la impunidad, buena parte de ella derivada de la omisión a los derechos humanos y los desequilibrios económicos, es decir, era para quien pudiera pagarla.
Actualmente, las políticas públicas de los gobiernos Federal y Estatal ponen en primer lugar, y como parte del combate a la violencia, los derechos humanos. Por ello, Veracruz está comprometido con el respeto y promoción de los mismos, además de la reparación integral del daño a víctimas y familiares.
Desde el primer día fue emitida la Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves en Materia de Derechos Humanos y Desaparición de Personas, que tiene como objetivo establecer las acciones inmediatas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como la atención a sus familiares. Además, quedó instalado el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
Asimismo, el Mecanismo Estatal de Coordinación, que involucra a dependencias como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), recibió mayor incremento en su presupuesto, aparte de los recursos para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).
También se creó la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño; aparte de coadyuvar en el diseño, implementación, conducción y consolidación de las políticas del Gobierno del Estado en cultura y educación para la paz, derechos humanos e igualdad de género.
En voz del catedrático de la Universidad Veracruzana (UV), José Luis Cerdán Díaz, las pasadas autoridades fingían preocupación por las víctimas, simulaban empatía y apenas se movían los reflectores de los medios, las cosas volvían a lo de siempre.
En el norte del estado, Ramón López Anaya, representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, describe cómo es que antes no recibían un trato digno del gobernador en turno, pero que hoy sí tienen de parte de Cuitláhuac García Jiménez quien, a través de mesas de trabajo sectorizadas, da seguimiento a lo que acontece en la materia.
“Antes no teníamos eso, pero a raíz de estas mesas de trabajo que él ha ido impulsando, hoy estamos revisando los casos -aunque sean muy atrasados-, y ha apoyado para que se nos escuche y nos ayuden a saber qué pasó con nuestros familiares”.
A través de Disculpas Públicas, el Gobernador ha reconocido la participación de autoridades del Estado en hechos de vejaciones a los derechos humanos, como fue el caso de los jóvenes víctimas de desaparición forzada en Tierra Blanca y en Papantla.
En Córdoba, la coordinadora del Colectivo Madres Luna, Marcela Zurita Rosas, refirió que incluso antes de entrar en funciones, García Jiménez se reunía con ellos, los escuchaba y les brindaba la atención que no habían tenido antes.
“Siempre hemos recibido ese apapacho, la sensibilidad, más allá de esa responsabilidad que tiene el gobierno, incluso ahorita que estamos aquí trabajando se nos está apoyando con equipo, con ingenieros, para trabajar en este pozo donde se necesita equipo y herramienta pesada”, expresó.
El hecho de tener un gobernante sensible y cercano a la población es la gran diferencia.
“Poner en el centro de las políticas a los derechos humanos, también la paz, me parece completamente racional; era de esperarse de un gobierno que modifica lo que le heredaron: décadas de impunidad, corrupción y abuso desde las instituciones”, puntualizó Cerdán Díaz.
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