• Este tipo de prácticas muestran la esencia del modelo neoliberal
• Liberación de este presunto criminal fue un agravio contra el Estado mexicano; jueces, víctimas de amenazas por parte del crimen organizado
Ciudad de México. Palacio Legislativo, 03-07-2020 (Notilegis).– El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hace un llamado a las autoridades correspondientes a realizar una investigación urgente con respecto a los actos de corrupción dentro del Poder Judicial, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revelara que existieron una serie de sobornos por varios millones de pesos para la liberación de José Ángel Casarrubias, ”El Mochomo”, señalado como uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un comunicado, las y los diputados de esa fracción parlamentaria consideraron que este tipo de prácticas demuestran la esencia del periodo neoliberal, que tanto lastimó a las y los mexicanos durante administraciones anteriores; por ello, es prioridad para la Cuarta Transformación combatir todos los actos de corrupción e impunidad.
Reiteraron su apoyo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la liberación de este personaje fue un agravio contra el Estado mexicano. “La FGR tiene las pruebas que señalan que el cohecho por varios millones de pesos fue entregado al juez referido a fin de que decretara la libertad de dicha persona”.
Dijeron que es necesario revisar la impartición de justicia en todo el país, pues por actos de corrupción, los jueces son víctimas de amenazas por parte del crimen organizado.
“Coincidimos en que las resoluciones de los que juzgan dentro del país deben estar con restricto apego a la ley y fundadas en el derecho, con el propósito de que los actos y vicios jurídicos que se acostumbraban en gobiernos pasados no tengan cabida dentro de la nueva administración.
Asimismo, confiaron en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotinapa y que se conocerá todo lo sucedido aquella noche en Iguala, pues las nuevas investigaciones realizadas con el gobierno actual terminarán con la mal llamada “verdad histórica” y llegará la justicia para las familias de los estudiantes.
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