LA VIDA EN VERACRUZ ESTÁ SERIAMENTE AMENAZADA
Pbro. José Manuel Suazo Reyes
El próximo 29 de julio de 2020, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia analizarán el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que propone confirmar el amparo extralimitado de un juez federal, concedido hace casi 2 años, donde se quiso ordenar al Congreso del Estado de Veracruz reformar el Código Penal para dejar de considerar que el aborto provocado sea un delito.
La intención de este ministro es legalizar el CRIMEN HORRENDO DEL ABORTO y éste, incluso hasta las 12 semanas de gestación de una persona e imponerlo en Veracruz, siendo que la Constitución del Estado protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Observamos de entrada un fraude constitucional además de que se trata de una intención criminal y perversa propia de la cultura de la muerte que atenta contra los veracruzanos.
Por donde se le vea, el aborto provocado es un cruel asesinato, es la muerte de un inocente, es el exterminio de un ser humano, es el permiso que se le da una mujer para destruir la vida de su propio hijo, es el derramamiento de sangre inocente. Por todo ello, es un acto inhumano e inmoral.
Por lo tanto es un absurdo y una perversa política lo que este ministro está
pretendiendo imponer en el estado de Veracruz. El aborto provocado es un acto injusto pues destruye la vida de una persona inocente y la extermina; el aborto provocado destruye el futuro de una nación porque acaba con la vida de un recién concebido.
Es absurdo que quieran imponer esta política perversa de muerte cuando en México estamos sufriendo los embates mortales de una pandemia que no se ha podido controlar y que ha traído la mayor crisis económica, sanitaria y social en todo el territorio mexicano, además de luto, dolor y sufrimiento en las familias mexicanas. Todo esto aunado a los altos índices de violencia, inseguridad e impunidad que no se han podido erradicar ni siquiera controlar. A estas tragedias de suyo dolorosas, se quiere agregar ahora una política inmoral y criminal, la imposición del aborto en todo el país.
Pues si abren la puerta en Veracruz querrán seguirse con todos las entidades.
El ministro Juan Luis González Alcántara llegó al máximo tribunal del país por recomendación del presidente de la República Mexicana, Manuel López Obrador, parece ser un operador de las políticas antivida que se promueven desde la Secretaría de Gobierno con la presión que hacen en los congresos y en los estados.
Recordemos que Veracruz reformó su Constitución en el año 2016 gracias a una iniciativa popular presentada en el Congreso del Estado. El artículo 4° de la Constitución protege la vida desde la concepción hasta su desenlace
natural. Esa reforma no fue propuesta por ningún partido o presentada por algún diputado o gobernante, sino por el pueblo de Veracruz, sí, así como se escucha con todas sus letras, fue VOLUNTAD POPULAR que el estado de Veracruz blindara la vida en su Constitución.
La protección constitucional de la vida es lo que ha servido de contención para echar abajo las pretensiones perversas de algunos colectivos antivida, la misma CONAVIM y algunos diputados de muerte que se han ido estableciendo en el Congreso.
La pretensión del ministro Juan Luis González Alcántara:
- Va en contra de los veracruzanos y de su Constitución; Veracruz ya decidió y protegió constitucionalmente la vida.
- Es una trampa constitucional al proponer modificar una ley menor, el
Código Penal no puede estar sobre la Constitución. - Viola el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida que es la base de todos los derechos;
- Atenta contra la soberanía del estado al querer arrodillar a los diputados y someter al poder legislativo.
- Viola el derecho a la vida, consagrado en la Convención Americana de
Derechos Humanos y en la Carta internacional de Derechos del Niño.
Esperamos que la Suprema Corte confirme la voluntad del pueblo veracruzano para que la vida humana sea respetada; no queremos más muertes ni derramamiento de sangre inocente. Veracruz hizo una opción por la vida y la cristalizó en su Constitución. El tribunal de la Suprema Corte debe ratificar esta decisión popular y desechar las pretensiones del ministro Juan Luis González.
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