Ciudad de México. El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acusó que, en dos años, la austeridad ha sido la peor política implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que, en su desesperación por allegarse recursos, ha desmantelado la administración federal, sin tomar en consideración las funciones de las dependencias.
“Dependencias como la Comisión de Victimas, el SIPINNA, la CONAVIM o el INMUJERES, se quedaron prácticamente sin poder operar por los recortes. Adicionalmente, ahora, se insiste en desaparecer 44 fideicomisos que, según el Parlamento Abierto que se llevó a cabo, no deben ser tocados porque cumplen una función social importante”, alertó la Diputada Verónica Juárez Piña, Coordinadora de las diputadas y diputados del PRD.
Señaló que “la falta de planeación del gasto complicó la de por sí delicada situación del sector salud, creó graves problemas de abasto de medicamentos, afectando a personas en situaciones graves como quienes padecen VIH, personas con cáncer, especialmente niñas, niños y mujeres. En tanto que nuestro país tiene una de las más altas tasas de mortalidad entre los trabajadores sanitarios y esto se debe, principalmente, a la falta de abasto de material de protección personal.
“Esta es una de las causas por las cuales nuestro país ya alcanzó 67,326 decesos por Covid-19 y que en menos de 9 meses, 1,608 niñas y niños hayan fallecido por cáncer en México”, lamentó.
Recordó que “la crisis económica no inició con la pandemia, ésta sólo vino a agudizar un crecimiento negativo por la falta de inversión pública, la restricción del gasto y la falta de fomento a las empresas. 52 millones de personas en pobreza, de las cuales 16 millones se encontrarán en pobreza extrema y 12 millones de personas que perdieron su fuente de ingresos será el resultado del mal manejo de la crisis”. “La lucha contra la corrupción ha sido una simulación y un distractor. Los grandes casos de sexenios pasados deben ser investigados, pero también los de este gobierno”, indicó la Diputada Federal por Jalisco.
La violencia, resaltó, “sigue en aumento porque el gobierno sigue implementando la misma política errónea que se implementó desde gobiernos anteriores, más aún, no sólo ha involucrado a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino que les ha encomendado, por lo menos 12 tareas más que no les corresponden.
Consideró que “los programas sociales no han apoyado a las familias que menos tienen sino que fomentan la clientela electoral, porque el Censo del Bienestar ha sido levantado con fines electorales, no para disminuir la pobreza”.
Apuntó que “la sustitución del financiamiento gubernamental a las OSC que brindaban servicios como las estancias infantiles, por la entrega de apoyos directos ha derivado en la violación a los derechos humanos de las personas beneficiarias. La falta de indicadores de cumplimiento vinculados al Plan Nacional de Desarrollo no permite la evaluación del impacto de estos programas sociales”.
En materia educativa, agregó, “la pandemia vino a complicar el derecho a la educación, debido a que las clases por televisión o internet no son accesibles para muchas familias, además de la dificultad impuesta por los horarios y la falta de seguimiento. El gobierno federal no ha implementado ninguna estrategia para evitar la deserción escolar que, en tiempo de crisis económica, será aún mayor”.
“Los megaproyectos acaparan los pocos recursos disponibles y no tenemos la certeza de que vayan a ser de utilidad. La cancelación de proyectos como el Aeropuerto de Texcoco, han ahuyentado la inversión extranjera y, a pesar de haber sido la corrupción el motivo principal, no se ha procedido legalmente”, puntualizó.
Precisó además que “la migración ha sido criminalizada como nunca. La Guardia Nacional persigue inclementemente a los migrantes y se les detiene en las estaciones migratorias, sin medidas de higiene y seguridad sanitaria, obligándolos a permanecer por meses en una reclusión indebida y que viola derecho humanos de hombres, mujeres, niñas y niños”.
“Las niñas, niños y adolescentes no han encontrado en el gobierno federal apoyo alguno que les permita superar las constantes violaciones a los derechos humanos de las que son objeto”, puntualizó.
“Las políticas del presidente López Obrador violan los derechos humanos con acciones de bajo impacto pero que, constantemente, van socavando el ejercicio de las libertades de las que gozamos las y los mexicanos”, concluyó Juárez Piña.
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