• Argumentó que hasta el autor de la iniciativa, el Ejecutivo Federal, apenas se abrió al diálogo con la parte empresarial para oír sus propuestas
• En cualquier caso, aclaró que el resultado de la reforma debe ser el respeto a los derechos de los trabajadores.
Ciudad de México. La Coordinadora del GPPRD, Verónica Juárez Piña, se pronunció porque la Cámara de Diputados aplace para la siguiente semana la reforma a diversas leyes, entre ellas la Ley Federal del Trabajo, en materia de outsourcing a fin de dar tiempo a la recepción, análisis y, en su caso, integración de otras propuestas.
En declaraciones a la prensa, informó que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara decidió agendar la discusión del dictamen en su Pleno el próximo jueves 26 de noviembre, lo que consideró prematuro.
Argumentó que incluso la Presidencia de la República apenas instaló una mesa de trabajo para recibir propuestas de los empresarios, aunque ya envió su iniciativa a esta Cámara y las comisiones involucradas de la misma ya alistan un dictamen para el jueves siguiente..
“Lo que me parecería correcto es que pudiéramos aplazar la discusión para que conozcamos cuáles son las preocupaciones que tiene los empresarios y que a partir de ello tratemos de revisar aquí en la Cámara de Diputados artículo por artículo en la comisión correspondiente, como debiera de ser”, afirmó.
Consideró legítimo que los empresarios expresen sus preocupaciones y sin problema alguno que se aplace la discusión en el Pleno para la siguiente semana, discusión que se vería enriquecida con las aportaciones, a través del Parlamento Abierto, de otros sectores involucrados.
Se pronunció porque en la reforma que resulte se garanticen los derechos de las y los trabajadores tal como se prevé en el artículo 123 de la Constitución y así terminar con prácticas que los vulneran, como con frecuencia se hace a través del “outsourcing”, incluso desde el gobierno, por lo que carecen de cualquier beneficio de seguridad social para las y los trabajadores.
Hay empresas que se valen de este mecanismo para, por ejemplo, despedirlos antes de diciembre para escamotearles el aguinaldo, el reparto de utilidades y otras prestaciones sociales y derechos.
Entonces -dijo la líder parlamentaria del PRD-, la reforma les debe garantizar a las y los trabajadores un trabajo y salario dignos, la seguridad social y todo lo que derive de esos derechos a partir de su relación laboral.
Sin embargo, calificó como excesivo que en la iniciativa presidencial se equipare a delincuencia organizada esta práctica cuando estén involucradas tres personas en delante, por lo que serían acreedores a prisión preventiva oficiosa.
“No es punitivamente como vamos a resolver el asunto. Es con mucho diálogo, disposición y el cumplimiento de lo que dice el artículo 123. Recordemos que las mejores leyes no son aquéllas que tienen más sanciones”, aclaró.
Reiteró que el actual contexto es importante para, de una vez por todas, tener un diálogo integral sobre el tema para reconocer los derechos de los contratantes que generan empleo, pero sobre todo de las trabajadoras y los trabajadores.
“Aquí los ganadores tienen que ser las trabajadoras y los trabajadores, y el principio lo tenemos establecido en la Constitución. Eso es lo que tiene que ganar. Hay ahorita discrepancias, las ha exteriorizado el sector empresarial. Hay que escucharlos y a partir de ello analizar bien el dictamen, pero el dictamen debiera de ser aquí, en la Cámara de Diputados, y no en Palacio Nacional”, concluyó.
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