El Ejecutivo Federal atenta contra la división de poderes ante las determinaciones del Poder Judicial por los amparos contra la ley combustóleo, acusa Juan Carlos Romero Hicks
Su ley no beneficia a los consumidores: la energía costará más y será contaminante en extremo, advierte el coordinador de la bancada
Ciudad de México. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador a no promover la división de poderes y dejar actuar con libertad al Poder Judicial, luego de que un juez federal determinara suspender de manera provisional la reforma eléctrica.
“El presidente López Obrador debería recordar que en el artículo 49 de la Constitución Política se establece con nitidez que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, indicó en un comunicado.
El líder parlamentario calificó de “inaceptable” que el Presidente de la República haya expresado un señalamiento indebido en contra del juez que hasta ahora ha recibido una decena de amparos de los ciudadanos afectados por esta reforma en materia eléctrica. “Este amago atenta contra los fundamentos de nuestra República”, dijo.
Recordó que su bancada advirtió públicamente desde la tribuna que la iniciativa preferente que modificó disposiciones en materia eléctrica es violatoria del artículo 28 constitucional, y ahora el Poder Judicial de la Federación le ha dado la razón al conceder suspensiones legales contra este “engendro” de la Cuarta Trastornación
“Desde la presentación de la iniciativa preferente, el PAN advirtió que con ella se pretendía regresar al monopolio estatal en donde se hace a un lado a los competidores, donde la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad mantendrían el control absoluto en generación, vulnerando la libre competencia”, aseveró.
Lo anterior, agregó, va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución –artículos 2, 3, 25, 27 y 28–, sobre el derecho a la salud, el medio ambiente y respecto a que la generación de energía eléctrica y su compraventa, junto con su comercialización, son actividades abiertas a la libre competencia y a la libre concurrencia.
Apuntó que lo más grave es que lejos de beneficiar a los ciudadanos, les implicará un mucho mayor costo –vía tarifas o impuestos–, además de generar una contaminación que en todo el mundo se trata de erradicar de la producción eléctrica.
Romero Hicks lamentó que la iniciativa preferente se haya procesado bajo la consigna autocrática de no “moverle una sola coma” y de manera muy rápida, pues el 1 de febrero se recibió la propuesta presidencial en la Cámara de Diputados y para el 9 de marzo ya estaba publicado el decreto en el DOF, pero al día siguiente se presentaron los primeros amparos de los ciudadanos en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Expuso que se modificó el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en orden de prioridad: Energía Producida por Hidroeléctricas, Energía Generada en otras Plantas de la CFE, Energía eólica o solar de particulares y Ciclos Combinados de empresas privadas.
“Este es un engendro de la Cuarta Trastornación que siguió al pie de la letra la petición presidencial, en el sentido de no cambiar ni una coma, aun cuando de acuerdo con el PAN había que cambiarle muchas, ponerle punto y seguido, punto y aparte y mejores contenidos. Por eso ahora terminará litigándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pasa por encima de lo dispuesto en la Carta Magna”, precisó.
Además, trastocó un principio mundialmente reconocido de la industria eléctrica como lo es el despacho eficiente, que significa dar prioridad a quien genere al menor costo, por encima de consideraciones políticas e ideológicas.
Señaló que si el deseo era una estrategia para reimpulsar las empresas productivas del Estado y su papel como protagonistas en el desarrollo económico y social del país, debió articularse con los diversos tratados internacionales en materia de protección al ambiente y energías renovables de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el marco jurídico nacional que protege los principios de libre concurrencia.
“Este es otro fraude más a los que nos tiene mal acostumbrado este gobierno, porque supuestamente está en línea con los Acuerdos de París, del que México es firmante, pero en realidad no cumple con el principio de generar más energía limpia y pone en riesgo la posibilidad de que nuestro país pueda producir en el mediano y largo plazo la energía que necesitamos para seguir creciendo”, subrayó.
Con esta reforma no se podrán evitar situaciones como el mega apagón al principio de este año, en el que la CFE se quedó sin gas para generar energía en sus centrales, por no contratar la cobertura sobre el precio de compra del gas en el periodo invernal y en plena crisis tuvo que adquirir gas al precio spot en el mercado y simplemente no quiso pagarlo en tiempo de frío intenso.
“El PAN lo estableció con claridad durante la aprobación de la iniciativa preferente: lo único que van a generar es incertidumbre jurídica, porque el contenido de esta iniciativa es un refrito de los acuerdos de la Sener y la Cenace, que ya la Corte declaró inconstitucionales por contener claros vicios de inconstitucionalidad, como lo señaló también la Cofece”, finalizó.Área de archivos adjuntos
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