Irma Eréndira Sandoval nunca tuvo el liderazgo para ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción
Ciudad de México. El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que la remoción de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, confirma “el lamentable fracaso de las estrategias contra abusos de autoridad y constante ilegalidad de funcionarios y sus parientes”, durante este gobierno.
“El combate a la corrupción, exigencia inaplazable de la población, debe ser efectiva mediante la estricta aplicación de la ley y no únicamente en tema de discursos, encuestas demagógicas y onerosas, o acciones fallidas que sólo consolidan la impunidad de los delincuentes”, aseveró en un comunicado.
Dijo que el nuevo secretario, Roberto Salcedo, deberá ir al fondo de los hechos de corrupción que se acumulan sin investigación, ni castigo a los responsables; si el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere enmendar el camino de verdad, debe ordenar una revisión de la actuación de todos los servidores públicos y aplicar la ley sin distingo alguno.
“La funcionaria (Sandoval Ballesteros) que hoy deja la titularidad de la SFP nunca tuvo liderazgo en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, nepotismo y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos”, agregó.
Romero Hicks aseguró que la sociedad civil e incluso los medios de comunicación abrieron las puertas de la denuncia y la verdadera lucha contra la corrupción en un gobierno que prometió “no mentir, no robar y no traicionar”.
La SFP “ha quedado mucho a deber a los mexicanos que confiaron en un cambio real con un gobierno que ya se encuentra prácticamente a la mitad de su gestión”.
Durante los primeros nueve meses del 2020, la Administración Pública Federal firmó más de 109 mil contratos, por un total de 333 mil 910 millones de pesos, de los cuales, el 79.3% han sido entregados por la vía de adjudicación directa, sin siquiera dar a conocer de manera clara las razones que motivan adjudicaciones de esa naturaleza en todos los contratos.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2018, el 35% de las compras del gobierno se hizo por la adjudicación directa, para 2020 se acentuó la discrecionalidad para favorecer a los amigos y aumentó al 43% la vía de tales contratos.
Indicó que desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, las diputadas Marcela Torres Peimbert, Martha Elisa González Estrada, Gloria Romero León, Josefina Salazar Báez, Verónica Sobrado y los diputados Ernesto Ruffo y Éctor Jaime Ramírez Barba, entre otros integrantes del PAN, han exigido que la SFP revise la actuación de los servidores públicos encargados por el Ejecutivo Federal de atender las terribles consecuencias que se presentan a causa del virus Covid-19.
“Exhortamos a realizar auditorías de desempeño permanentes a las principales obras que están siendo realizadas por el Ejecutivo Federal, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, con el objeto específico de identificar deficiencias de la ejecución de obras y el mal ejercicio de los recursos públicos asignados”, dijo el coordinador panista.
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