• Hace 5 años, en retiros forzados de personas en situación de calle, dos jóvenes de 18 y 19 años de edad fueron golpeados y asesinados
• Derechos Humanos de la capital recomendó en 2018 revisar si las fiscalías involucradas habrían investigado debidamente ambos casos
Ciudad de México. El GPPRD en la Cámara de Diputados condenó la presunta responsabilidad de funcionarios públicos de la Ciudad de México en asesinatos de personas en situación de calle mediante los llamados actos de “limpieza social” y demandó a la Fiscalía General capitalina informe sus avances respecto a la indicación de que los investigue a fin de proceder contra ellos en las respectivas instancias.
Pidió el respaldo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a su pronunciamiento y le propuso el siguiente punto de acuerdo:
“Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de la Ciudad de México informe respecto del cumplimiento del punto octavo de la Recomendación 15/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en relación a la presunta responsabilidad de funcionarios públicos de las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán, así como de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, en casos de homicidio en contra de personas en situación de calle, derivados de actos de limpieza social”.
Las y los legisladores consideraron indispensable que se informe a la Comisión Permanente del Congreso para darle seguimiento a la referida recomendación 15/2018 y evitar la repetición de tan deleznables actos.
Destacaron que las mismas autoridades de la capital, en cumplimiento de esa recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), se responsabilizaron el pasado 4 de agosto por tales actos de “limpieza social” cometidos a principios de 2016.
La “limpieza social” es definida por algunos estudiosos como una práctica violenta que incluye tortura y homicidio para aterrorizar. Históricamente sus víctimas han sido personas en situación de calle, sexoservidoras y delincuentes menores.
Los casos sobre los cuales las y los legisladores del PRD demandan a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) avances en sus investigaciones son los de dos jóvenes de 19 y 18 años asesinados en febrero y abril de 2016.
Ambos fueron internados en los hospitales generales “Dr. Enrique Cabrera” y “Xoco” con traumatismo craneoencefálico a consecuencia de golpizas propinadas por desconocidos durante retiros forzados, a cargo de personal de las entonces secretarías de Desarrollo Social y de Gobierno, de personas en situación de calle asentadas en Cerrada Fórum y Cerro del Músico, colonia Campestre Churubusco, punto conocido como “Curva de Puerto Rico”.
A pesar de sus heridas y fracturas, personal del Hospital General “Xoco” omitió notificar el caso al médico legal, así como iniciar el expediente sobre la situación de urgencia de la víctima de 18 años, quien falleció en el nosocomio, lo mismo que la víctima de 19 años en el Hospital “Enrique Cabrera”.
Al intervenir en ambos casos y emitir su recomendación 15 en 2018, la CDHCDMX calificó los retiros forzados -como éstos donde fueron golpeados ambos jóvenes durante 2016- “acciones de “limpieza social” derivadas de prejuicios ideológicos que se traducen en violaciones a Derechos Humanos.
Ese mismo año pidió en el punto 8 de su Recomendación que el órgano de supervisión y vigilancia de la PGJCDMX, es decir, la Visitaduría Ministerial, revisara si las fiscalías en las alcaldías involucradas en tales casos habrían cumplido sus tareas respecto a la investigación y persecución de los homicidas de aquellos jóvenes.
En la consideración del GPPRD, las acciones de “limpieza social” resultan totalmente reprobables cuando son ejecutados por autoridades, más aún si durante ellos se cometen asesinatos como esos y más todavía si otras autoridades encubren, por acción u omisión, encubren a los asesinos.
Por ello coincide en que, si la Visitaduría Ministerial detectó irregularidades, debió dar vista a la Contraloría Interna y/o a la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a fin de que se procediese contra ellos como correspondiera.
Puesto de otro modo, la misma Procuraduría General de Justicia debió investigar, a través de sus instancias internas, si sus funcionarios encargados de investigar aquellos asesinatos cumplieron su tarea debidamente y, si no, debió proceder contra ellos.
A dos años de emitida la recomendación 15/2018 de la CDHCDMX, el GPPRD demanda que la PGJCDMX informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión si la cumplió y cuál fue el resultado.
Sobre el Autor
