• No causaría gastos a la Federación, asegura la instancia legislativa
Ciudad de México. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (Morena), aprobó su opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Señaló que la opinión se formula únicamente en lo que atañe al rubro presupuestario, que es la materia de competencia de la Comisión.
Agregó que la eventual aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no generaría un impacto presupuestario a la Federación.
El objetivo de la iniciativa, indica el documento que contiene la opinión, es actualizar la legislación respecto de los procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia, así como las disposiciones sobre responsabilidades administrativas aplicables a los servidores públicos con la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se actualizan las referencias a la Ciudad de México, a la sustitución del salario mínimo por Unidad y Medida de Actualización en el cálculo de las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones, como la expedición de copias certificadas y se eliminan los títulos derogados con la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción.
En la exposición de motivos del documento, se hace mención a la reciente reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución en materia de fuero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021, cuyo propósito es eliminar la impunidad que existía desde la ley suprema y que brindaba protección y privilegios al Presidente de la República; al mismo tiempo, violentaba el principio de igualdad ante la ley.
Destaca que esta reforma termina con un régimen de excepción que protegía al Presidente de la República y sienta las bases constitucionales, a fin de combatir, erradicar y sancionar la corrupción, como desde hace décadas lo demanda la sociedad.
En suma, refiere, esas modificaciones a la Carta Magna representan la construcción de un nuevo régimen jurídico para juzgar al titular del Ejecutivo durante el tiempo en que ejerza sus funciones, amplían las causas de su responsabilidad penal y eliminan la opacidad en el ejercicio de este cargo.
De igual forma, se afirma que las disposiciones del texto vigente que regulan los procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, están desactualizadas.
Al respecto, destaca que no se han realizado las adecuaciones integrales a los distintos artículos de la citada Ley para hacer referencia a la Ciudad de México, en vez de Distrito Federal, lo anterior a fin de estar en sintonía con el texto vigente de la Constitución.
Señala la opinión que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) establece que actualizar procedimientos y armonizar conceptos normativos con otros dispositivos legales relacionados, no generaría impacto presupuestal porque se trata de funciones ya existentes en el Poder Legislativo y no se crean instituciones nuevas.
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