•Las diputadas Montserrat Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos, Melissa Vargas y Jaqueline Hinojosa evidenciaron que estos ataques son violencia extrema a través de la provocación de sufrimiento
Ciudad de México. Los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas, se pueden equiparar en menor medida a un feminicidio en grado de tentativa, tanto por la motivación, los bienes jurídicos afectados, la publicidad de los hechos y la evidente misoginia que está de fondo en este tipo de violencia extrema, afirmaron las diputadas del PRI Montserrat Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos, Melissa Vargas y Jaqueline Hinojosa
Por lo anterior, presentaron una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal en materia de violencia ácida y feminicidio, tomando en cuenta la naturaleza jurídica de este delito, diferente a la del homicidio, como tipo autónomo, ya que éste no solo se limita a la privación del bien jurídico que es la vida, sino que intervienen otros elementos que lo dotan de complejidad.
En este sentido, enfatizaron, el uso de sustancias corrosivas y abrasivas tiene la clara intención de infligir una violencia extrema a través de la provocación de sufrimiento, que puede tener como consecuencia la muerte, pero que también afectan otros bienes jurídicos considerados dentro del delito de feminicidio, como la dignidad, integridad corporal y el derecho a una vida libre de violencia.
Actualmente es posible investigar los ataques con ácido, pero como un delito de tipo homicida, por lo que al establecerlo como una lesión se puede actuar en detrimento de la forma en que se juzga y atentar con la progresividad de los derechos de las mujeres.
La propuesta pretende proteger a la persona que sufra lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, donde se hayan utilizado sustancias corrosivas, abrasivas o cualquier otra que provoque una lesión visible y permanente en el cuerpo de la víctima.
Señalaron que también se sancionará al servidor público que retarde o entorpezca la procuración de justicia, que nieguen o dilaten sin justificación el otorgamiento de medidas de protección a las víctimas de feminicidio que lo hayan solicitado. Además, se les impondrá pena de prisión de tres a ocho años y se les inhabilitará de tres a diez años para desempeñar otro cargo público.
Las representantes populares puntualizaron que, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los ataques con ácido son agresiones con una altísima carga simbólica, puesto que pretenden dejar una marca permanente y destruir la vida de la mujer a través de una forma de violencia extrema.
Sobre el Autor
