• La legisladora pide exhortar a la FGR y a la SFP investigar los acontecimientos y la responsabilidad de los servidores públicos encargados del centro de detención del Instituto en Ciudad Juárez.
• La empresa privada encargada, al ejercer una actividad responsabilidad del Estado, debe responder junto con las autoridades y funcionarios que le asignaron la responsabilidad, afirma.
• Expone lo anterior en un Punto de Acuerdo signado por más de 60 legisladores del PRI y otras bancadas.
Ciudad de México. La diputada federal Sofía Carvajal afirmó que la negligencia, omisión y falta de compasión, humanidad y dignidad, por parte de los agentes encargados del centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, fue evidenciada por los medios de comunicación, ya que no abrir las puertas cuando había llamas y humo consumiendo las instalaciones, el pasado 27 de marzo, resultó en el fallecimiento de casi 40 personas migrantes
Lo anterior, lo suscribió en un punto de acuerdo, también firmado por otros integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y de otras bancadas, en el que busca solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR), realizar las investigaciones pertinentes entorno a los hechos acontecidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), además de transparentar en versión pública los resultados de sus investigaciones.
Plantea, también, exhortar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar la presunta responsabilidad de los servidores públicos encargados de las instalaciones, así como a investigar la presunta responsabilidad administrativa de la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) S.A. de C.V, encargada de la seguridad en las instalaciones.
Mientras que solicita al INM revisar y garantizar el estado de las instalaciones destinadas a la detención, albergue y recepción de personas migrantes, a fin de que reciban, durante su estancia, un trato y espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica, en caso de ser necesario; así como evitar su retención por períodos que excedan las 36 horas, tras las que deben permitirles llevar sus procesos en libertad.
La legisladora priista asegura, en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, que el personal de seguridad perteneciente a la empresa a cargo de custodiar a las personas migrantes que fallecieron no estaba capacitado ni sensibilizado para responder correctamente a sus funciones.
“Pese a ser una empresa de índole privada, al ejercer una actividad responsabilidad del Estado, esta debe responder ante él como responsable, junto con las autoridades y funcionarios que le asignaron la responsabilidad sin garantizar que contaba con el personal especializado para atender dicha encomienda”, subraya.
Por ello, considera importante que la FGR investigue exhaustivamente los hechos y evalúe la probable responsabilidad de los custodios y agentes migratorios que por su acción u omisión pueden ser imputados por un delito.
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