• Se emitieron 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones
• Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD fijan posturas
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, que forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024.
Establece que los ingresos obtenidos del derecho relativo a la prestación del servicio consistente en la expedición de la condición de estancia a las personas visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinen al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya, S.A. de C.V, sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Incluye explícitamente el pago por concepto de servicio que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por la recepción, estudio y trámite de cada notificación de concentración, independientemente del acuerdo o resolución que ponga fin al procedimiento.
Actualiza las facultades de la Secretaría de Marina sobre certificados de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, autorización para que artefactos navales permanezcan en zonas marinas mexicanas y permiso para servicio de dragado, permiso de navegación para embarcaciones mercantes extranjeras de carga y permiso especial para servicio de personas pasajeras, así como concesiones, permisos o autorizaciones y prórrogas o modificaciones.
Reduce el 70 por ciento en la cuota de los derechos por el registro de su título profesional, así como la expedición de cédula profesional; deroga la autorización de plantación forestal comercial en terrenos preferentemente forestales, modifica el concepto de trasvase como el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales conducidas de una cuenca hidrológica a otra mediante obras de infraestructura hidráulica. incluye el pago por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico de manera temporal y sustituye la referencia a bandas de uso oficial por concesiones de uso público.
De igual modo, incorpora la exención del pago de derechos por el acceso a sitios y zonas arqueológicas a cargo de la Federación, para las personas integrantes de comunidades indígenas residentes en los municipios colindantes con sitios y zonas arqueológicas y exenta del pago por el mismo concepto, a las personas guías de turistas, con el fin de facilitar su fuente de empleo y fomentar su presencia y permanencia en los recintos culturales nacionales.
Para lo particular, la Mesa Directiva informó que se presentaron propuestas de modificación al proemio, metodología, denominación del proyecto de dictamen, denominación del Artículo Único. Los artículos 18-A, 49, 77, 171-A, 185, 195-Z-30, 195-Z-31,195-Z-32, 195-Z-33, 195-Z-34, 195-Z-35, 195-Z-36, 223 Bis, 239, 276, 277, 278, 279, 282, 282-C, 288; los artículos transitorios Primero, Segundo y Tercero, así como la leyenda “Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023”.
La Ley no contempla nuevos derechos
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena), expresó que se busca seguir estableciendo medidas para dar seguridad y certeza jurídica a las y los mexicanos en el pago de derechos; no contempla nuevos derechos, únicamente contempla incremento por debajo de la inflación a algunas cuotas a fin de cumplir con dicho compromiso.
Recordó que la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce, aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, que requieren de la revisión de la permanencia de derechos, conceptos, definiciones e incluso adecuaciones derivadas de compromisos internacionales en los que México es partícipe, con la finalidad de adaptarse a las disposiciones administrativas e incluso a los tratados internacionales vigentes.
El dictamen, añadió, contempla los diversos cambios sufridos en el marco jurídico para dar cumplimiento a los compromisos internacionales, identificar el contenido de la legislación fiscal con la normativa administrativa, aclarar supuestos de causación de los derechos, así como beneficiar a sectores vulnerables.
Indicó que en materia de servicios educativos se mantiene el apoyo a estudiantes que han acreditado un nivel técnico o profesional y soliciten el registro de su título profesional, así como la expedición de cédula profesional, consistente en un descuento del 70 por ciento del derecho correspondiente.
Se continúa con la autorización del uso temporal del espectro radioeléctrico a las personas físicas y morales que al término de la concesión hayan efectuado el pago correspondiente. Además, se actualiza la Ley para guardar paridad con los costos de los procesos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en beneficio de las y los ciudadanos, con el objetivo de ser más agiles, eficientes y de mayor calidad los servicios prestados por el gobierno.
Es un proyecto responsable y con justicia social
La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Morena) explicó que en términos reales los ingresos presupuestarios crecen 0.8 por ciento y los gastos aumentarán 7.8 por ciento, lo cual aunado con la caída en los precios del petróleo hará que la deuda nominal tenga un crecimiento real del 8 por ciento y desde el porcentaje del PIB sólo aumenta 1.6 por ciento. “Votaremos a favor, ya que es responsable y con justicia social para los grupos que antes estaban excluidos”.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) apuntó que el dictamen tiene sustento en los escenarios internacionales, por lo que las estimaciones reflejan fortaleza de la economía del país, al demostrar que es posible recaudar más sin generar nuevos impuestos al combatir la evasión fiscal y la corrupción. “Hubo aumento en algunos derechos, pero estos inferiores a la inflación”.
El 20 por ciento es deuda
Por el PAN, el diputado Pedro Salgado Almaguer dijo estar en contra del paquete fiscal, dado que en el impuesto al ahorro se propone aumentar la tasa del 0.15 por ciento al 1.48 y eso es un incremento de 986 por ciento, diez veces más la retención. “De ser aprobada se combatirá legalmente; esto es desproporcionado, injusto e incluso inmoral”.
Mencionó que otro daño es la deuda que se busca adquirir, pues de los más de 9 billones de pesos que entrarán al ingreso del Gobierno Federal, el 20 por ciento es deuda, y de ese porcentaje, más de un millón de pesos no se establece a donde se mandará, nadie sabe para qué ni para dónde. “Esta es la deuda más grande que se pide en estos cinco años y se ejercerá en un año electoral”.
Lo único que dejará este Paquete Económico es deuda
El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) señaló que está en contra de la Ley de Derechos porque lo único que deja el Paquete Económico es deuda, gasto sin control y ni un peso para mejorar los estados y los municipios, carreteras federales, dignificar la atención a los programas para mujeres, niñas y niños, fortalecer el presupuesto de competitividad ni a mejorar el sistema de salud.
Dicho paquete fiscal, abundó, tiene un grave descuido en la articulación de la Ley de Derechos, la Ley de Ingresos y lo planeado en el PEF 2024. Los dictámenes aprobados dejan un billón 990 mil millones de pesos más de deuda al país y se va a meter en un problema a los mexicanos. “El próximo gobierno, o hace una reforma fiscal o mejora la recaudación o iniciar un 2024 y 2025 con un grave déficit presupuestal y carencia de recursos para solventar el gasto de programas sociales, infraestructura y seguridad”.
Se atiende contaminación de aguas e impulsa el desarrollo del país
Gilberto Hernández Villafuerte, diputado del PVEM, indicó que la aprobación del dictamen resulta un paso más para prevenir la contaminación de ríos, cuencas, aguas marinas y demás depósitos y corrientes, incluyendo las aguas del subsuelo. Además, contribuye a la consolidación de la vida pública, la reivindicación de los sectores históricamente olvidados y el impulso del desarrollo del país.
Resaltó que la propuesta enviada por el Ejecutivo cumple con la obligación de llevar a cabo la revisión de los derechos y la pertinencia de su permanencia de conceptos y definiciones, así como las adecuaciones derivadas de compromisos internacionales en los que México es parte, todo ello con el propósito de estar en armonía con los cambios en las diferentes disposiciones administrativas.
Hay crecimiento
Armando Reyes Ledesma, diputado del PT, expresó que en este gobierno se bajó el IVA del 16 al 8 por ciento en todas las fronteras del país, en donde más de 200 mil millones de pesos hoy se quedan en los bolsillos de esos habitantes y dimos estabilidad económica a millones de adultos mayores.
Van, dijo, cinco años de logros y crecimiento económico, así como de infraestructura con obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, las pensiones de adultos mayores y las becas de jóvenes. “El PT está y estará siempre con la gente”.
Necesario, reformar la Ley de Coordinación Fiscal
De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo destacó que es necesario reformar la Ley de Coordinación Fiscal y ver cómo se hacen mejoras a una ley que se implementó hace décadas. Muchas economías regionales, estatales y municipales cambiaron, dijo, y deben cambiar los criterios y evaluar si las fórmulas que contempla dicho ordenamiento son adecuadas o si deben modificarse
Destacó un nuevo pacto fiscal no significa quitar dinero a estados y municipios, sino hacer más justa su distribución y buscar mecanismos para complementarla y ampliarla. Expresó que su actualización debe considerar tanto la recaudación como el destino de los recursos y su distribución para ayudar a todos los estados.
Este dictamen está realizado a las prisas
Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, mencionó que este dictamen está realizado a las prisas y no cumple con las formalidades normativas. “Fue generado por una gestión que no supo administrar, sino que ha malgastado el dinero del erario al dinamitar las instituciones democráticas del país”.
Apuntó que hoy se aprobarán 9 billones de pesos, donde lo único que se ve viable es llegar a la meta de los dos billones de deuda; por ello, “daremos la batalla y buscaremos cambios a este dictamen que permita salvaguardar los derechos de los pueblos”.
Posturas a favor y en contra
El diputado del PAN, Riult Rivera Gutiérrez señaló que se pone más carga financiera, robando el fruto del esfuerzo a las y los mexicanos. “Se equivocan al presentar este documento de Presupuesto y de Ley de Derechos. Aspiramos a corregir el rumbo de la nación para tener aciertos institucionales. Bajo ninguna circunstancia apoyaremos la intentona de lastimar al pueblo”.
El diputado Iran Santiago Manuel (Morena) dijo estar a favor porque da continuidad a la política tributaria en materia migratoria, aduanal, marítima, competencia económica, educación, servicios ambientales, espectro radioeléctrico y cultura. Además, da certeza jurídica, mejora la atención y calidad en la prestación de servicios públicos federales y aprovechamiento, uso y goce de bienes públicos de la Federación.
Xavier González Zirión, diputado del PRI, señaló que la propuesta fiscal para 2024 es verdaderamente “macabra”, ya que incluye un endeudamiento de dos billones y lo pagaremos las y los mexicanos por décadas. Anunció reservas para que todos los trabajadores paguen tasa cero del Impuesto Sobre la Renta en sus primeros 50 mil pesos mensuales de ingresos.
Por el PVEM, el diputado Kevin Angelo Aguilar Piña argumentó que para 2024 no se crean nuevos derechos sino solo la actualización por debajo de la inflación, cumple con compromisos internacionales y beneficia a sectores vulnerables. “El paquete está orientado al crecimiento económico incluyente y equitativo, recaudando de forma eficaz, eficiente y usando de forma adecuada los ingresos”.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) aseguró que el dictamen da un uso caprichoso de los recursos al desviarlos al Tren Maya, un proyecto cuestionado por los daños ambientales, las comunidades desplazadas y por su costo. Recordó que el impuesto que se cobra a los turistas extranjeros es utilizado para promover a este sector. “No estamos de acuerdo que se asignen más recursos a esta obra mediante un fideicomiso sin estructura y a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
De Morena, la diputada Martha Alicia Arreola Martínez refirió que el dictamen no afecta a los que menos tienen, sino prioriza los intereses nacionales y la justicia social; es responsable y sostenible, porque reclasifica el pago de derechos por las descargas residuales con límites máximos permisibles en los cuerpos de agua más contaminados del país, con el propósito de preservar el derecho humano al agua, el saneamiento y la garantía la asequibilidad, calidad y seguridad del líquido.
La diputada Gina Gerardina Campuzano González (PAN) manifestó su voto en contra, porque la decisión que se tome respecto a esta Ley de Ingresos afectará la economía presente y la estabilidad y bienestar económico de las futuras generaciones. México merece un paquete que refleje las necesidades de las familias, con visión a largo plazo y asegure un futuro próspero y equitativo, pero lo que proponen es un endeudamiento histórico de 1.9 billones de pesos y eso “es un atentado contra las y los mexicanos”.
Raymundo Atanacio Luna, diputado de Morena, dijo que se ha cumplido con el compromiso de establecer un sistema fiscal en el que sin excepción cada contribuyente pague el impuesto que le corresponde conforme a la ley. “Ya no hay privilegios que la oposición defiende estafando al pueblo”.
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) cuestionó que desde la Ley de Derechos se envíen recursos directamente al Tren Maya; por lo que el Paquete Económico renuncia a ser el instrumento gubernamental por excelencia para impulsar el desarrollo económico del país. “El documento abunda en la justificación de más recursos, que se generen derechos para no generar impuestos y con deuda”.
Ángel Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, afirmó que respaldan la propuesta económica del Ejecutivo Federal, particularmente “en el tema del endeudamiento que servirá para terminar las obras insignia de esta administración; habrá Tren Maya y Corredor Interoceánico. Hemos hecho realidad un incremento en la eficacia recaudatoria”.
Paulo Gonzalo Martínez López, diputado del PAN, expuso que es una ley que propone más gasto público en “proyectos fracasados”, es decir sin rentabilidad y beneficio social. “No es menor lo que el Gobierno Federal plantea, pues se busca destinar más recursos al Tren Maya, proyecto que tiene un sobrecosto de más de 500 mil millones de pesos de una inversión original de 120 mil millones de pesos”.
La diputada Paola Tenorio Adame (Morena) comentó que se cuida el patrimonio de los mexicanos bajo los principios de “primero los pobres y no dejar a nadie atrás ni afuera”; a los grupos prioritarios se les otorgan beneficios fiscales, los estudiantes de nivel técnico y técnico-profesional sólo pagarán el 30 por ciento del costo real de su título y cédula profesional y a los connacionales se les brida un descuento del 50 por ciento en el trámite de su testamento.
Desechan moción suspensiva
En votación económica, se desechó la moción suspensiva de la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD), quien pidió discutir la Ley de Derechos a profundidad, ya que carece de un adecuado análisis.
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