• Analizan temas relativos a la optimización de los procesos de educación y en el sector empresarial, así como la ciberseguridad
Ciudad de México. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside el diputado Javier Joaquín López Casarín (PVEM), llevó a cabo el foro “Hacia una Regulación de la Inteligencia Artificial”, donde se abordó la optimización de los procesos de educación y en el sector empresarial, así como la ciberseguridad.
El diputado López Casarín destacó la importancia de escuchar las opiniones y planteamientos de los expertos en inteligencia artificial y analizar este tema desde un enfoque legislativo y con un componente de ética, además del impacto que tendrá en nuestro país.
Refirió que actualmente se trabaja en el proceso de dictaminación de una iniciativa presentada por el diputado Ignacio Loyola Vera, la cual plantea crear un organismo que regule y evalúe el uso ético de la inteligencia artificial.
Al respecto, el diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) comentó que el objetivo de su propuesta es expedir la Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, la cual contempla tres capítulos y 19 artículos y propone conformar un consejo mexicano. Externó su convicción de que en México existe talento para generar los propios códigos y sacar productos que se puedan patentar.
En tanto, la diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) dijo que se está en un proceso de inflexión sobre los asuntos en inteligencia artificial, tema que está abriendo una brecha importante en las comunidades indígenas y los grupos vulnerables que no tienen internet. También, agregó, hay un desafió de adaptabilidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La diputada Rocío Hernández Villanueva (Morena) señaló que la ciberseguridad e inteligencia artificial son asignaturas pendientes en el Congreso de la Unión, de ahí la pertinencia de este foro, porque permitirá dialogar respecto a cómo regular la adquisición y uso de equipo de alta tecnología y cómo formular leyes que definan claramente quién puede adquirirlos.
En su turno, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz (PVEM) consideró que antes de regular la inteligencia artificial en México se tendrá que garantizar la conectividad universal, la inclusión digital y financiera, la educación, impulsar capacidades y confianza digital, así como el Estado de derecho.
El catedrático de la materia de inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña, Ulises Cortés, apuntó que para regular este tema se requiere analizar sus impactos, daños y oportunidades desde la perspectiva de los derechos humanos y fomentar la participación de los grupos marginados, feministas y demás representantes de la sociedad civil.
Estimó que la legislación en México debe basarse en sus propios intereses, ya que la inteligencia responsable y regulada no es una opción, sino la única forma posible de llegar a una sociedad más justa.
Primer panel: El uso de la inteligencia artificial para optimizar los procesos de educación
Fernando Macedo Chagolla, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó la legislación en inteligencia artificial debe reflexionar en su uso y entenderla como un agente para impulsar la educación masiva y modificar el modelo de enseñanza.
El director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), José Luis Ponce López, externó que existen retos en educación superior ante las tecnologías, y específicamente ante la inteligencia artificial.
Entre ellos, continuó, la falta de habilidades digitales de los docentes e infraestructura física e insuficiencia en el acceso a estudiantes para dispositivos digitales y cobertura de internet, entre otras. Enfatizó que es fundamental generar una política que considere los marcos normativos de la regulación ética de la inteligencia artificial.
El director de Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey, Alejandro Martín Del Campo, propuso que en la construcción de esta normativa se antepongan los derechos a la privacidad o al uso de cantidades masivas de datos sin consentimiento de los usuarios y de los trabajadores que limpian, entrenan y corrigen todos los sistemas de inteligencia artificial.
“Se requiere un sistema de gobernanza que garantice los efectos positivos que contribuyan a combatir los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, agregó.
David Morales González, jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, sostuvo que es urgente legislar respecto a la inteligencia artificial, pero no en su desarrollo, sino en su uso.
Precisó que uno de los retos es romper la dependencia de los gigantes globales para lo cual es necesaria la participación de las universidades, crear elementos de gobernanza usadas en la gestión educativa, manejo de datos personales y los riesgos de la seguridad. Como universidades, debemos apoyar desde el aula la investigación y la adaptación de estas tecnologías.
Hugo Rodríguez Reséndiz, catedrático de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, resaltó que es fundamental diseñar un marco regulatorio que integre mecanismos que protejan los derechos de autor y permitan la adopción de nuevos procesos en la educación; es decir, más que una ley punitiva debe ser adaptable a los procesos de enseñanza.
Por otra parte, solicitó que se destine un presupuesto específico a la inversión de proyectos de inteligencia artificial, especialmente en las universidades.
Segundo panel: El uso de la inteligencia artificial en el marco de la ciberseguridad
Mauricio Corona, jefe de la Oficina de Transformación en SDI, resaltó la importancia de que la principal inversión en la era de la inteligencia artificial sea en personas y en procesos, no en tecnología. Detalló que algunos requerimientos regulatorios deben ser: algoritmos válidos, confiables, seguros, justos y que no haya sesgo en la información en los dataset ni en la forma en la que se obtienen, así como una mejora continua en el tema de privacidad.
Expresó su preocupación por el mal uso de la inteligencia artificial en los niños y estimó que se debe crear una ley sobre cómo protegerlos.
Abraham Cristiani Rodríguez García, cofundador de Relativity6 Inc, planteó que es necesario contar con una legislación que regule la inteligencia artificial, toda vez que la delincuencia cibernética ha evolucionado, por lo que causa con rapidez más daño y se prevé que para 2025 este ilícito genere un impacto económico de alrededor de 10.5 trillones de dólares.
Isabel Dávara Fernández, de Dávara Abogados, afirmó que el derecho a la protección de datos personales es el derecho humano del siglo XXI porque hoy en día “somos datos”, en términos cuantitativos nos conocen por datos mucho más de lo que conocemos a la gente físicamente”.
Mencionó que los dos principios esenciales en la legislación de inteligencia artificial es la explicabilidad del algoritmo y la transparencia, decir qué se hace con los datos y saber cómo se decide sobre ello. Estimó que también se debe trabajar en una estrategia de datos públicos abiertos.
Héctor Antonio Cárdenas, director de Tecnología de OTIF, comentó que en la actualidad se enfrenta el momento más inseguro en cuanto a ciberseguridad por la falta de regulación de las tecnologías emergentes.
Por ello, dijo, es fundamental implementar medidas de seguridad básicas como la autentificación de dos pasos para los sistemas de gobierno, financieros, educativos y médicos, el uso de proxys con identificación de identidad y conformar un Comité de Investigación de Desarrollo de las Tecnologías.
Tercer panel: La inteligencia artificial y su incorporación en el
sector empresarial
Claudia Del Pozo, directora y fundadora de Eon Institute, refirió que los retos en México son la falta de recursos humanos, infraestructura e inversión, y la escasez de datos, así como la falta de política pública y de conciencia sobre los riesgos reales de esta nueva tecnología y cómo mitigarlos.
Consideró que antes de hablar de transparencia y explicabilidad, habría que checar los sesgos en los datos. Planteó generar políticas públicas que protejan ante los usos no intencionales de la inteligencia artificial.
Kiyoshi Tsuru, socio fundador y director de TMI Abogados, pidió a las y los diputados realizar un exhaustivo análisis de derecho comparado a las iniciativas que se han presentado alrededor del mundo en materia de inteligencia artificial. “Se debe actuar de forma inmediata, este sector crece de forma vertiginosa y se requiere proteger la propiedad intelectual”.
Pamela Villareal, directora general de la empresa OTIF, sostuvo que la inteligencia artificial no les quita el trabajo a las personas; al contrario, “permite que se tengan trabajos de gestión, de administración y no sólo trabajos operativos”.
Comentó que la población tiene miedo a la tecnología e inteligencia artificial, pero, dijo, “debemos tener miedo a quedarnos estancarnos porque con o sin nosotros, la tecnología va a seguir avanzando”. Estimó que se debe unir la iniciativa privada con el gobierno y con expertos tecnológicos en el impulso del país.
Andrés Ponce De León, CEO de Entropía, reiteró que la inteligencia artificial es una tecnología fundamental y exponencial, pues desarrolla la capacidad que tendrán las sociedades por crear en el futuro. Propuso crear soluciones para el orden social a través de tecnologías que diseñen políticas públicas.
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