Ciudad de México. El salario de los trabajadores es sagrado, por ningún motivo debe dejarse de pagar, y menos cuando esto se utiliza como una medida de presión o revancha política que afecte a miles de familias, por no satisfacerse caprichos.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, exige que el gobernador y el titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León, transfieran de forma inmediata al Congreso, al Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Auditoria Superior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de esa entidad, la totalidad de recursos económicos que permitan el pago de nómina a más de 7 mil trabajadores.
Lamentamos que este tipo de prácticas autoritarias y medievales se presenten en un estado en donde la inseguridad ha aumentado, existe escasez de agua y otras necesidades sin atender y que repercuten en la calidad de vida de la población neolonesa, mientras que el gobernador está más ocupado en atender sus aspiraciones políticas, elevar su ego en las redes sociales y en atacar a las voces que le exigen cumplir con las responsabilidades que el cargo le demanda.
Nada justifica que Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, juegue con el sueldo de los trabajadores, menos cuando la determinación de no transferir a órganos autónomos de esa entidad federativa los recursos que por ley les corresponde para el pago de nómina, no tiene un sustento legal y se basa sólo en una decisión totalmente arbitraria.
Solicitamos que la Auditoria Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León realicen una revisión inmediata a las arcas públicas de esa entidad federativa y verifiquen si dichos recursos, provenientes de participaciones federales e ingresos locales, no se han desviado a otros fines, determinando las acciones que correspondan realizar; y a la Fiscalía General de Justicia a que inicie una investigación en contra del gobernador y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, porque con sus decisiones y actos arbitrarios atentan contra un derecho humano esencial de los trabajadores y sus familias, como lo es el derecho a cobrar su salario.
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