El tema de la inseguridad pública en Veracruz y en México, escala niveles nunca antes vistos, las frías estadísticas en los dos primeros meses del año, alejan al gobierno federal y estatal de una respuesta eficiente para los ciudadanos e inevitablemente se convierte en uno de los puntos más vulnerables del Partido en el gobierno para el proceso electoral en curso.
Las estadísticas de más de 60 asesinatos diarios en México, colocan al sexenio de López Obrador como el más violento, por encima de cualquier otro sexenio del PRI o del PAN; un escalofriante ejemplo, fue el 29 de enero de este año, el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consignó ese día 91 muertes violentas; por desgracia Veracruz aportó 15, Quintana Roo 11, Estado de México 8 y Nuevo León 6.
La violencia en México y Veracruz incluye a quienes se dedican a la política; a la vida productiva y también a la delincuencia, como sostiene el principal argumento de las autoridades cuando existen crímenes escandalosos, en el que el argumento inmediato es que se trata de ajustes de cuentas entre delincuentes, la otra postura es que no habrá impunidad. Lo cierto es que la violencia no se detiene.
El pasado fin de semana se registraron jornadas de violencia en las Altas Montañas; en Acultzingo fueron asesinados cinco hombres y dos mujeres en un mismo evento, 24 horas más tarde fue abandonado un cuerpo embolsado en la autopista Orizaba-Córdoba a la altura de la comunidad de Ixtaczoquitlán, la respuesta fue un despliegue de 300 efectivos federales, que buscan desalentar la ola delictiva que desde el 8 de diciembre pasado se complicó con la desaparición de ocho personas del Palacio Municipal de Ciudad Mendoza cuando acudieron a pagar una multa de Tránsito.
Otra desaparición grave fue la de cinco campesinos en el municipio de Actopan, la semana pasada y que la Fiscalía General de Veracruz tenía conocimiento de un conflicto legal y social de los involucrados por cuestiones de tierra y al día de hoy no se han localizado.
El panorama de inseguridad para los veracruzanos y en general para los mexicanos, obliga a los aspirantes de todos los partidos políticos a los 19 mil cargos públicos de elección popular a presentar propuestas viables y creíbles al electorado para tratar de revertir las condiciones de seguridad.
En Veracruz los candidatos Pepe Yunes Zorrilla y Rocío Nahle García están obligados a ofrecer en su plataforma política un viraje drástico en ese tema; propuestas diferentes a lo que se tiene y que no ha funcionado, que incluyan dos aspectos fundamentales: frenar la violencia con acciones de inhibición y paralelo atender las causas sociales, económicas y de corrupción que la originan.
Para la oposición será más fácil la crítica y los señalamientos de las deficiencias del gobierno en materia de seguridad pública, para Morena como partido en el gobierno, deberá pensar dos veces en sus propuestas de seguir igual, o cambiar esas políticas que dieron como resultado el aumento en los asesinatos, extorsiones, feminicidios, desapariciones forzadas y toda clase de robos.
Las campañas tendrán este tema como uno de los ingredientes principales, la propuesta de abrazos no balazos, ya no funcionará para ninguno de los aspirantes de MORENA a cargos de elección popular, los ciudadanos ya no quieren vivir con miedo.
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