PLANTEA RODRÍGUEZ ZAMORA EVITAR USO CLIENTELAR DE PROGRAMAS SOCIALES, COMO HA HECHO EL ACTUAL GOBIERNO
• Propone que todos sean sujetos a reglas de operación para que no queden a la discreción del Ejecutivo ni a la complacencia del Legislativo
• Mediante una iniciativa, busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ciudad de México. A fin de evitar el uso personal, político, partidario o clientelar de los programas sociales por parte de funcionarios y garantizar que éstos los manejen bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir sus fines, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Recordó que la materia de esta norma es la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales y define los sujetos obligados que deben administrarlos con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
Consideró que lo anterior es particularmente importante en el manejo de los programas que son parte de la política social del gobierno, más específicamente en los casos en que implican la entrega de subsidios consistentes en apoyos económicos o en especie a los beneficiarios.
“Con mayor razón -dijo- es válido lo anterior si se observa que existen precedentes administrativos y judiciales que dan cuenta del manejo clientelar de los programas sociales del actual gobierno federal, mismo que ha incurrido en violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, lo que consta en diversos acuerdos y sentencias judiciales.
Por ejemplo, la sentencia SRE-PSC-071/2019 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 27 de diciembre de 2019, que concluyó que a través del llamado “Censo del Bienestar” y la entrega de apoyos de los programas sociales a través de los Servidores de la Nación, el gobierno incurrió en un uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y desacato a medidas cautelares dictadas por el INE.
Otro ejemplo es el acuerdo ACQyD-INE-02/2020 de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral del 30 de abril de 2020, que estimó la probable infracción al mismo artículo constitucional en la ejecución del “Programa de Apoyo Financiero para Empresa Familiares”, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo promoción personalizada prohibida por la Constitución en la entrega de créditos a la palabra, acuerdo administrativo que fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para evitar más casos como éstos, la legisladora veracruzana consideró necesaria una reforma como la que propone para definir con claridad las reglas de operación de todos los programas presupuestales que forman la política social gubernamental y que implican la entrega de subsidios a los beneficiarios.
El texto vigente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria -agregó- es insuficiente porque no obliga al gobierno federal a sujetarse a reglas de operación en el manejo de tales recursos y programas, por lo que queda a su discrecionalidad su uso, así como a la complacencia de las mayorías en la Cámara de Diputados cuáles deben tener o no reglas de operación.
“Es por ello que esta iniciativa propone que se establezca con claridad en la Ley el contenido obligatorio de las reglas de operación de los programas sociales”, puntualizó.
Tales reglas -dijo- deben prever la participación de los gobiernos estatales y municipales e indicar obligatoriamente, en forma cuantitativa, a la población objetivo del respectivo programa social, de forma que sean mensurables y no genéricos los indicadores de avance y cumplimiento de metas.
Además, la publicidad e información relativa a cada programa social debe identificarse con el Escudo Nacional en incluir la leyenda «Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social».
La iniciativa de Rodríguez Zamora propone reformar el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.—oo0oo—–
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