Los diputados Mariana Rodríguez y René Juárez plantean armonizar las reformas de la Ley Federal de Derechos de Autor con las del Código Penal Federal, para evitar mecanismos de censura, multas e incluso la cárcel a los usuarios que decidan reparar o modificar sus dispositivos Palacio
Ciudad de México. Los diputados del PRI Mariana Rodríguez Mier y Terán y René Juárez Cisneros presentaron una iniciativa para armonizar las reformas de la Ley Federal de Derechos de Autor con las del Código Penal Federal, para evitar mecanismos de censura, multas e incluso la cárcel a los usuarios que decidan reparar o modificar sus dispositivos, arreglen el software o hardware en celulares, tabletas, laptops o consolas de videojuegos de uso personal y en el intento rompan candados digitales.
Así lo informó la diputada Dulce María Sauri Riancho en la presentación de dicha iniciativa en la sesión a distancia de la Comisión Permanente, y sostuvo que proteger el uso de datos personales en los dispositivos tecnológicos no debe ser pretexto para criminalizar a los usuarios.
En un comunicado, subrayó que a una semana de entrada en vigor de las leyes reglamentarias del Tratado Comercial, México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es preciso corregir lo que se hizo mal y que criminaliza la elusión de dichos candados.
Recordó que el PRI presentó sus reservas sobre este tema, pero el partido mayoritario no las aceptó y se negó a unificar el Código Penal Federal con las excepciones que establece el ordenamiento de los derechos de autor y el resultado es la zozobra, pues romper candados digitales es un delito que se castiga con multas millonarias y varios años de prisión.
“Romper los candados digitales no puede ser delito en todos los casos, ya que existen excepciones muy válidas en nuestra vida cotidiana, donde resulta necesario entrar y tocar esos candados tecnológicos para proteger los datos personales de los usuarios”, expuso la vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Refirió que la interconexión digital obliga a que numerosos dispositivos entren y utilicen información personal, ubicación, trayectos, patrones de consumo, los mismos usuarios lo autorizan cuando utilizan las aplicaciones de manera automática.
En contraparte, dijo, existe el derecho a la protección de datos personales y los usuarios tienen la opción de romper esos candados tecnológicos para interrumpir el flujo de cierta información que no se desea compartir con el proveedor o se suba a la red.
La priista explicó que la propuesta de sus compañeros adiciona un segundo párrafo y nueve fracciones al artículo 429 del Código Penal Federal, a fin de armonizar los tipos penales con las excepciones de la Ley Federal de Derechos de Autor, es decir, no considerar conducta ilícita las correcciones a los dispositivos móviles, así como tampoco, la incorporación de softwares libres que implican el uso o actualización de diferentes marcas.
«Para lograr una mejor norma jurídica, que se adecúe a la realidad tecnológica y a la defensa de los derechos de las personas involucradas, es preciso que se convoque a un parlamento abierto, donde los expertos sean los que aporten elementos técnicos», concluyó.
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