Ciudad de México. La diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva, planteó que el contagio de Covid-19 sea considerado como riesgo de trabajo en trayecto, para facilitar la atención médica y garantizar a los trabajadores seguridad económica y laboral.
“Actualmente, por ley, los trabajadores deben probar el nexo causal entre el padecimiento de contagio y el centro de trabajo, es decir, probar que se contagiaron en su sitio laboral, lo que es difícil de demostrar porque el coronavirus puede ser adquirido en cualquier parte por donde transiten o vivan los trabajadores”, indicó en un comunicado.
La legisladora informó que, durante la reunión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Economía (SE) que otorguen una categoría más flexible a la enfermedad del coronavirus, a fin de facilitar permisos especiales, incapacidades y la atención médica a los trabajadores asegurados, al mismo tiempo, garantizar el pago de su salario y prestaciones sociales.
“Categorizar al Covid-19 como un simple riesgo de trabajo puede tener un efecto devastador para las personas empleadoras de la iniciativa privada, bajo el entendido de que estos siniestros aumentarían desmesuradamente su prima de seguro de riesgos de trabajo, y en consecuencia, las cuotas patronales que se cubren al IMSS por este ramo de aseguramiento”, advirtió Sauri Riancho.
Su punto de acuerdo incluye solicitar la comparecencia del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, a fin de que informe sobre resultados y mecanismos utilizados por el Instituto a favor de las y los trabajadores del Covid-19.
Se hace notar que las personas contagiadas o sospechosas, se han enfrentado a diversos problemas para atender la enfermedad en los centros de salud a lo largo de toda la República.
“El IMSS tiene alrededor de 19.3 millones de personas aseguradas y las y los trabajadores enfrentan contratiempos tales como fallas en la red de las unidades de medicina familiar, donde solicitan una cita médica, para obtener una constancia de incapacidad”, explicó.
“Se sabe también que, en algunos casos, aun presentando síntomas, a los enfermos Covid-19 se les concede únicamente tres días de incapacidad, obligándolos a reintegrarse a sus labores cuando todavía presentan síntomas, en la fase más intensa de transmisión del virus”.
Sauri Riancho señaló que el punto de acuerdo pide la atención urgente del IMSS en dos temas primordiales: la tramitología e insuficiencia del otorgamiento de incapacidades a las y los trabajadores, y por otro, la compleja administración de los recursos públicos del instituto, que han derivado en la falta de atención a las y los derechohabientes y asegurados.