El Coneval concluyó que los Programas Integrales del Bienestar analizados no atienden los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida, asevera la diputada del PRD
Cuidad de México. La diputada Mónica Almeida López presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de que la política en esta materia se sustente en derechos humanos y mínimo vital, para que a su vez se conviertan en las bases y principios generales de la planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas sociales.
“Lograr una correlación en cuanto a las bases y principios en materia de planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas sociales evitará que los recursos y acciones de los gobiernos se encuentran aisladas. El dinero de los mexicanos debe ejecutarse en mejorar la calidad de vida que tenemos, en oportunidades y, sobre todo, en la protección de los derechos consagrados en nuestra Constitución”, indicó.
En un comunicado, explicó que los programas sociales de la actual administración no dan resultados debido a que están sustentados en realizar transferencias directas de dinero, pero no cumplen la función de atender de manera integral las carencias de la población, la cual adolece principalmente de atención médica, seguridad en el ingreso y desarrollo humano.
“Lamentablemente dar dinero por darlo no cambia la realidad de millones de mexicanos, por ello los programas sociales no funcionan a cabalidad; deben estar destinados a mejorar las vidas de los derechohabientes, pero en vez de eso, sólo los acostumbran a recibir un dinero que una vez extinto el programa los dejará igual o peor que antes de recibirlo”, agregó.
Almeida López detalló que esta aseveración se encuentra descrita en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la estrategia en materia social de la actual administración.
Éste, dijo, concluye que los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida y los derechos de las personas lejos de verse protegidos.
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