Diputadas y diputados de la bancada llaman a Sener y a Profeco a presentar al Congreso de la Unión un informe sobre la repercusión y los beneficios de su creación
Ciudad de México. Diputadas y diputados del PRI, que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidieron que el Gobierno Federal dé sustento legal y económico a la decisión de crear la empresa estatal “Gas Bienestar”.
En ese sentido, en un comunicado, llamaron a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a presentar al Congreso de la Unión un informe sobre la repercusión y los beneficios de invertir en infraestructura para que el Estado venda gas LP al menudeo.
Informaron que, a través de un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, plantearon tres requerimientos en el análisis: la evolución del precio en el mercado a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor; y el estudio de mercado e impacto económico sobre el que se sustenta la creación de la nueva paraestatal.
Las y los diputados del grupo parlamentario del PRI recordaron que el 81% del gas que se consume en el país es importado y su precio está determinado por el mercado internacional, pero en México, por el descuido institucional, el gas LP se ha encarecido drásticamente en más de 38%, desde 2018 hasta abril de 2021.
“Si queremos resolver el problema de fondo, evitar que las gaseras abusen y terminar con sus prácticas oligopólicas, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica no deben renunciar a su capacidad legal de regular el mercado y sancionar a las empresas que lo distorsionen contra los consumidores. Desde el inicio de la actual administración, se han relajado las medidas de investigación y sanción, privilegiando a las compañías involucradas”, sentenciaron.
Reiteraron la importancia de que el Gobierno Federal asuma sus responsabilidades, en vez de intervenir como competidor directo en el mercado donde, por cierto, ya existen más de 6 mil 500 permisionarios de gas LP.
Asimismo, pidieron tener presente el aviso de organismos expertos como la Plataforma México Clima y Energía, misma que advirtió que la paraestatal “Gas Bienestar” no es la mejor estrategia, debido a que en infraestructura –como camionetas repartidoras, cilindros y terminales para almacenar el gas– se deben invertir, al menos, 11 mil millones de pesos, y Pemex deberá asumir los costos y los subsidios, lo que provocará más deuda.
En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que una empresa así acabaría destruyendo el mercado, por las condiciones asimétricas que se generarían, y al final de cuentas le costaría miles de millones de pesos al Estado mexicano.
Refirieron que en México ocho de cada 10 hogares usan gas LP, y es un producto de primera necesidad, incluido en la canasta básica.