Ciudad de México. Verónica Juárez Piña, Coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, señala que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, pero también su vida.
En ese sentido, demanda un retorno seguro a clases presenciales, coordinado con los directivos, el personal docente y madres y padres de familia de cada plantel, y supervisado por las autoridades sanitarias.
“La Secretaría de Educación Pública no debe tomar la decisión unilateral del regreso a clases presenciales y dejar sólo a los padres de familia la responsabilidad mediante la firma de una carta responsiva”, apunta.
“Las y los niños no deben exponerse a eventuales contagios de la Covid-19. En otros países los dos criterios más importantes que se han considerado para tomar la decisión de regresar a clases presenciales son la aplicación de la vacuna al mayor número de la población y la disminución en el número de contagios”, apunta
En México, recuerda, “sólo se han aplicado aproximadamente 74 millones de dosis, lo que implica que poco más de 35 millones de personas cuentan con el esquema completo de vacunación, lo cual refleja una baja cobertura si se considera que la población del país supera los 127 millones de personas.”
Por otra parte, indica, “los contagios no han podido ser controlados, de hecho, en la tercera ola se ha presentado en 24 horas el mayor número de contagios en todo lo que va de la pandemia.”“Por eso el retorno a clases no debe ser unilateral ni dejar la responsabilidad del retorno de niñas y niños a clases a las madres y padres de familia. Debe ser una decisión colegiada, que cuente con la opinión de expertos, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de todos los niveles de gobierno”, puntualiza.
“Es cierto que las niñas y niños requieren retornar a clases presenciales para garantizar su derecho a la educación porque han sido uno de los grupos de la población más afectados por la pandemia en todos los sentidos; pero también es cierto que el Estado Mexicano debe garantizar un regreso seguro, que no ponga en riesgo su vida”, concluye.
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