• Necesario que este sector pueda expresar su parecer sobre las leyes que le afecten directa o indirectamente en sus derechos e intereses.
Con la finalidad de llamar al Congreso de la Unión a cumplir con las obligaciones de Consulta Estrecha que establece la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la que México forma parte, para que las personas con discapacidad y sus asociaciones representativas sean tomadas en cuenta sobre sus necesidades y opiniones sobre las leyes que les refieren, los diputados federales Yolanda de la Torre Valdez y Mariano González así como los Senadores Claudia Anaya Mota y Jorge Carlos Ramírez Marín, presentaron un Punto de Acuerdo en la sesión de este miércoles ante la Comisión Permanente.
Los legisladores coinciden en que es necesario construir un Grupo Técnico que basado en una metodología, diseñe el Protocolo para la Implementación de Consultas a Personas con Discapacidad, que sirva como guía en todos los procesos legislativos y de toma de decisiones, para que este sector de la sociedad pueda participar y expresar su parecer sobre las leyes que le afecten directa o indirectamente en sus derechos e intereses y así, cumplir con los acuerdos signados por nuestro país en la materia ante la ONU.
Este Protocolo resulta muy necesario debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en uso de sus facultades, ha invalidado más de 10 leyes y ha ordenado reponer el proceso legislativo porque no ha existido la consulta previa ni se ha fomentado la intervención de las personas con discapacidad, pese a que se tratan de Derechos Humanos y de obligaciones previstas en la Constitución, particularmente, preocupa obedecer con la Consulta Previa en el caso de a la Ley de Educación que tiene como plazo el 31 de diciembre de este año.
Los legisladores priistas advirtieron que en caso de no existir un protocolo, se corre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúe invalidando productos legislativos, entre ellos el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por carecer de consultas previas, ya que el Congreso de la Unión ha incumplido esta obligación y no ha podido garantizar los derechos a la consulta y a la participación de las Personas con Discapacidad, perjudicando a este sector de la población a pesar del lema internacional «Nada de nosotros sin nosotros», que busca la participación efectiva de la población que vive con algún tipo de discapacidad.
Paralelo a este ejercicio inédito, los congresistas están proponiendo organizar y realizar un foro de análisis y debate con las personas con discapacidad para “conocer y rescatar sus propuestas, sugerencias y preocupaciones relacionadas con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que se trata de dos ejercicios distintos que no pueden suplirse”.
La propuesta fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y dictaminación.
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