Ciudad de México. Derivado del ciberataque que sufrieron archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Grupo Parlamentario del PRI aseveró en un comunicado que la seguridad nacional debe ser resguardada mediante un andamiaje jurídico y presupuestal adecuado.
El coordinador parlamentario Rubén Moreira Valdez manifestó que desde la bancada del PRI impulsarán un debate sobre la legislación relacionada con los ciberataques y la protección de la información del Estado mexicano y de los ciudadanos.
Lamentó los acontecimientos e insistió en que se debe hacer una gran investigación y castigar a los responsables, porque, subrayó, seguramente se llevaron documentos importantes para el Estado mexicano. Precisó que no se trata de cuestionar a los periodistas, ellos hacen su labor difundiendo, pero si hay quienes extrajeron los datos.
“Es incorrecto minimizar la información extraída de este hackeo, pues los documentos, estrategias y programas de trabajo que se puedan dar a conocer o que lleguen a manos de grupos delincuenciales o enemigos del Estado suponen un gran riesgo para la seguridad y estabilidad de la nación”, afirmó el parlamentario Brasil Acosta.
Las diputadas y los diputados federales del PRI manifestaron que el Estado Mexicano cuenta con los recursos humanos suficientes y capaces para poder brindar seguridad a las instituciones. No obstante, esto puede verse obstaculizado porque los recursos con los que se cuenta en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación no son suficientes, ni tampoco son prioridad del Ejecutivo y sus aliados.
Señalaron, por ejemplo, que la Ley General de Ciberseguridad no ha sido impulsada por la agenda política de Morena o sus aliados, pese a las grandes necesidades y vacíos que existen derivados de la falta de legislación en la materia y que aquejan tanto al gobierno como a los particulares.
Asimismo, no se ha podido garantizar el presupuesto del uno por ciento del PIB a la Ciencia, mismo que es una omisión legislativa ya que se encuentra establecido en las propias normas de la materia.
“Las y los diputados de nuestro grupo parlamentario somos conscientes de que sin una adecuada distribución del gasto público que priorice los intereses de la nación, en vez de los megaproyectos que además de resultar más costosos de lo que originalmente se presupuestaron, sólo favorecen a unos cuantos, el desarrollo tecnológico de México será más lento y tardaremos en garantizar un estado de salvaguarda a nuestros derechos y a nuestra seguridad”, concluyeron.Área de archivos adjuntos
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