*La disminución de gastos no incide en la expedita justicia
Xalapa, Ver. Por adherirse al plan de austeridad republicana con la reducción del 10 por ciento a los sueldos de magistrados y la renuncia a sus bonos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció la decisión del Poder Judicial del Estado, pues es referente incluso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Hoy Veracruz pone el ejemplo a nivel nacional porque la mayoría de magistrados y consejeros han decidido sumarse a esta política que elimina privilegios históricos, en un llamado a sus homólogos para hacer conciencia social de sus deberes”, expresó.
Junto con el ahorro anual de 17 millones 190 mil pesos que esto significa, otra de las transformaciones del Tribunal Superior de Justicia es que está conformado principalmente por mujeres, lo cual asegura no sólo la aplicación expedita de la ley, sino una mejor administración de los recursos.
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, expresó que dicha medida ha permitido redirigir el presupuesto a la modernización de los procedimientos y la profesionalización del personal; ejemplo de ello es la inauguración de la primera sala virtual para capacitar a elementos de los 21 distritos y reducir los costos de traslado.
“La disminución de nuestras percepciones no incide en la calidad de nuestro trabajo y la eficiencia nos consolidad como institución fuerte y austera. Nos sumamos al plan con perspectiva de responsabilidad social, pensando siempre en el pueblo veracruzano y la correcta administración de la justicia”.
A su vez, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Margarita Corro Mendoza, destacó la reducción del gasto público y de salarios empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador, ejemplo que siguen los demás poderes porque “no existe peor gobierno que aquel cuyos gobernantes viven opulentamente mientras los ciudadanos están en la pobreza”.
Aclaró que la austeridad tiene que ver con el uso eficiente y eficaz del erario, de la infraestructura y el tiempo del servidor público en su desempeño, pero sobre todo de la conducta ética medida en el incremento del bienestar y la felicidad del pueblo, nunca en la riqueza personal.
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