• Diputadas, diputados y especialistas alertan de retrocesos en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes
• Este Sistema es una obligación del Estado al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño
Ciudad de México. En el foro “El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco de la reforma en materia de simplificación orgánica”, diputadas, diputados y especialistas alertaron de retrocesos en los derechos de estas poblaciones en caso de aprobarse la iniciativa que pretende incorporar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional DIF.
Modificación del Sippina conlleva implicaciones internacionales
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), relató que la propuesta busca incorporar la Secretaría Ejecutiva del Sipinna al Sistema Nacional DIF, así como impactar a dependencias e instituciones relacionadas directamente con políticas enfocadas en la salud, temas migratorios y políticas para personas con discapacidad, donde se involucran a niñas, niños y adolescentes.
Dijo que tienen la obligación de emitir una opinión a la iniciativa; por ello, este espacio “nos será de gran utilidad para el dictamen y abonar al debate legislativo. Es de suma importancia contar con elementos que permitan dimensionar las implicaciones de la reforma y cómo se reflejará en las políticas encaminadas a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia”.
El Sipinna y el DIF, afirmó, son sistemas complementarios, pero totalmente distintos. Uno es el coordinador de políticas públicas y el otro es un sistema de asistencia social encargado de la restitución de derechos. La modificación del Sipinna tendría implicaciones en el ámbito internacional, de ahí que se debe escuchar a expertas y expertos que luchan para proteger a la niñez, destacó la diputada.
Desaparición del Sipinna tendría efectos negativos
Por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), relató que el Sipinna es una institución garantista y no una ocurrencia, cuya responsabilidad es formular, promover y dar seguimiento a las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La eventual e indeseable desaparición de esa Secretaría Ejecutiva, dijo, puede tener efectos negativos como falta de coordinación al interior del Gobierno Federal, ausencia de políticas integrales en el tratamiento de este segmento de la población, debilitamiento del monitoreo y evaluación, y disminución de la participación ciudadana. “Esa fragmentación nos daría una serie de consecuencias negativas”.
Con la propuesta del titular del Ejecutivo, presentada el pasado 18 de abril, añadió, se hace mención de una simplificación orgánica que no da una racionalidad a lo que se pretende, y en ese sentido cuestionó cuánto vale la atención a 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Se quieren desaparecer 18 entes públicos y sería un flagrante atentado a la Constitución, en cuanto a la protección de los derechos humanos.
Participación de diputadas
La diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (PRD) destacó la importancia de tomar las mejores decisiones en favor de niñas, niños y adolescentes, pues la Comisión tiene la responsabilidad de aportar una opinión a la iniciativa del Ejecutivo, por lo que conocer las recomendaciones “nos ayuda a tener un panorama más amplio”.
Dulce María Corina Villegas Guarneros, diputada de Morena, afirmó que nunca un activista será incómodo cuando tiene un trabajo tan cercano a la niñez, y expresó que las ponencias ayudan a maximizar los beneficios para niñas, niños y adolescentes, quienes no sólo son el futuro, sino el presente, y que podría estar siendo vulnerado.
Por MC, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra resaltó que conocer cómo se consolidó el Sipinna en el país y las diferencias con el Sistema Nacional DIF es de suma importancia para que la Comisión emita su opinión.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) reconoció a quienes se comprometen con la infancia de México a fin de llegar a una sociedad más igual y humana. Añadió que la iniciativa del Ejecutivo tiene una visión de recursos sin considerar una efectividad de ahorro, ya que habría más gastos con la simplificación. “Un reconocimiento al Sipinna y la importancia de mantenerse”.
Del PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García expuso que la iniciativa no sólo tiene implicaciones en el Sipinna, también en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y en el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, “organismos descentralizados con objetivos particulares en la garantía de derechos de la niñez en México. Es un retroceso que nos preocupa”.
Fortalecimiento de los sistemas
María Constanza Tort San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, externó su compromiso hacia los derechos de esta población, a través del fortalecimiento de los sistemas encargados de construir políticas públicas, ya que las niñas, niños y adolescentes son el futuro de la nación. La población de cero a 17 años representa a casi 40 millones de personas, especificó.
Añadió que el foro es la oportunidad de aclarar que el Sipinna no son órganos ni oficinas de gobierno; “por ello, no representan una erogación para el Estado, ya que son órganos colegiados de carácter nacional, estatal y municipal. Las Secretarías Ejecutivas no son los Sipinna, y las secretarías sí son oficinas que coadyuvan con los Sipinna para la generación de políticas públicas en beneficio de la niñez”.
Podría haber regresividad en derechos
Sara Oviedo Fierro, experta internacional y exvicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, aplaudió la defensa del Sipinna, ya que es una obligación que asumió el Estado mexicano al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño; de aprobarse la iniciativa habría regresividad de derechos. Debe evitarse el desmantelamiento del Sipinna, pues el DIF brinda servicios concretos, con una mirada asistencial y contraria al enfoque de derechos y no abona a diseñar nuevas políticas públicas.
La relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH-OEA, Esmeralda Arosamena de Troitiño, externó su inquietud respecto de que la propuesta de reforma sea motivo de regresividad en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aseguró que el Sipinna es un modelo de protección, al contar con la dimensión normativa, institucional y articulación en los derechos de la niñez, mientras que el DIF tiene una visión asistencialista y da protección cuando el derecho ha sido violentado.
Karla Irendira Gallo Campos, Oficial Nacional de Protección a la Infancia de UNICEF México, indicó que para fortalecer el Sipinna se requiere que continúe como una Secretaría Ejecutiva y un sistema con carácter deliberativo no consultivo y que las decisiones sean vinculantes. Al existir una coordinación nacional se hace más eficiente el gasto público, se atienden las problemáticas más urgentes y se posibilitan cambios positivos a corto y largo plazo a favor de la niñez y adolescencia, abundó.
El coordinador del Área de Promoción y Protección de Derechos del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, Luis Albernaz, puntualizó que no existe una sola disciplina que pueda promover y proteger derechos porque se requiere una mirada interdisciplinaria e integral. “Toda regresión de derechos vulnera el motivo y motor de la propia existencia de los sistemas, como es la promoción y protección de niñas, niños y adolescentes concebidos como sujetos de derechos”, dijo.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, argumentó que con el Sistema hay representantes de la sociedad civil en los mil 870 municipios del país; se debe cuidar la construcción de ciudadanía; evitemos la regresión, pues al día de hoy existen reportes de 14 niñas y niños desaparecidos, están siendo asesinados a siete infantes todos los días, son víctimas de violencia sexual, uniones tempranas y abandono escolar. “Para eso necesitamos un sistema o una tribu”.
La académica e investigadora de la UAM Xochimilco, Norma Alicia del Río Lugo, llamó a romper con la visión garantista y excepcional minorista. No es posible la inclusión sin la participación; por tanto, el niño debe ser parte en estos procesos de protección de sus derechos porque él es sujeto y no objeto. El reto es lograr el tránsito del asistencialismo hacia una visión de derechos de la infancia.
Nancy Ramírez Hernández, directora nacional de Incidencia Política y Temas Globales de Save The Children México, consideró fundamental tener un sistema que garantice derechos a niñas, niños y adolescentes, y la simplificación orgánica no representa ahorros presupuestales como se argumenta en la iniciativa. “No deberíamos hablar de ahorros cuando se trata de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. El Estado debería asegurar incrementos progresivos, hay una marginal inversión en la niñez”.
A su vez, Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM, resaltó que no se está defendiendo a una institución sino “se defiende una mirada de Estado que pueda garantizar una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Coincidimos en la defensa del Sipinna, el cual cuenta con un diseño institucional económico y tiene un sistema para coordinar de manera amplia la política pública frente a problemáticas graves como el reclutamiento de niñas, niños y adolescente, desapariciones, niñez buscadora, homicidios y violencia”.
La coordinadora general de Pacto por la Primera Infancia, Aranzazu Alonso Cuevas, indicó que no solo es un tema técnico o administrativo, sino se trata de tener políticas bien fundadas para garantizar derechos de la niñez y adolescencia y de prioridad política. Al degradar la figura de Secretaría Ejecutiva se estaría reduciendo esa prioridad; la degradación supone una parálisis política de la realidad actual. No es transferencia de funciones sino condenar al Sipinna a la parálisis y mandar a los niños a la esfera de asistencia social.
Baldomero Gómez de la Cruz, de la Oficina de la Defensoría de la Infancia, afirmó que no hay implicaciones positivas para la protección integral derivadas de la reforma de simplificación orgánica, “solamente observamos implicaciones negativas, de retroceso y debilitamiento de la estructura estatal para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se revive una visión asistencial y tutelar, que debería estar superada, con la inclusión como unidad administrativa en el Sistema Nacional DIF”.
El gerente nacional de Políticas Públicas de World Vision México, Malcom Aquiles Pérez, destacó que la protección no asistencial está medida por la ciudadanía que busca la rendición de cuentas. Con el sistema de protección se avanza a superar el enfoque asistencial y a tener un conjunto de funcionarias y funcionarios que incorporan estas herramientas y ha permitido mitigar y atender situaciones de violencia, abuso y acoso en contra de niñas, niños y adolescentes; las simplificaciones serían retrocesos a la transversalidad.
Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cáncer Warriors de México, mencionó que esta iniciativa puede generar perjuicio a la población diagnosticada con cáncer, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia actualmente se mantiene como una entidad independiente, lo que garantiza una gestión suficiente y especializada en el ámbito de investigación y desarrollo para la salud con enfoque de infancia y adolescencia.
La directora de Incidencia de Kids in Need of Defense México, Elba Yanett Coria Márquez, pidió seguir considerando a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como un órgano desconcentrado y especializado, principalmente para la protección de los derechos de la niñez migrante, refugiados y no acompañados. “Es el único mecanismo para que una persona pueda defender sus derechos y decir por qué está en el país o acceder a un trabajo, cuando no es migrante calificado”.
Carlos Daigoro Fonce Segura, director de Inclusión Social del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, expuso que la iniciativa plantea integrar el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad como unidad administrativa de la Secretaría del Bienestar, pero sin considerar datos y procesos de consulta a niñas, niños y adolescentes para garantizar su plena participación en la sociedad y por qué se llega al enfoque de simplificación.
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