En el marco de la estrategia “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”, hoy inició el curso-taller denominado “Estado de Derecho y alerta de violencia de género”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado y la Escuela Judicial, impartido por la Doctora Mireya Toto Gutiérrez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, dirigido a juezas, jueces, secretarios de acuerdo, de estudio y cuenta, auxiliares de sala así como a personal de los distritos judiciales de Xalapa y Coatepec.
En entrevista, destacó que “ya no estamos en la etapa de hacer diagnósticos; estamos en la etapa de las acciones, de las políticas públicas que deben tener seguimiento y evaluación; y yo creo que, por ejemplo, en el caso de los municipios es fundamental: tienen sus institutos municipales de la mujer pero están abandonados; carecen de presupuesto, de capacitación y muchas veces de articulación en sus acciones; por ello es toral atender el ámbito municipal”.
Dijo que “es necesario evaluar el cumplimiento de las Alertas de Género; qué es lo que ha funcionado, qué es lo que hay que fortalecer y qué falta por hacer; un aspecto muy importante en el caso del Poder Judicial es la profesionalización de los jueces y el personal en general para que puedan dictar sus sentencias con perspectiva de género; eso es fundamental; las tareas que llevan a cabo en relación con el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, prevé las medidas de protección, que obviamente requiere la Fiscalía y que emite el Poder Judicial”.
Por otra parte, sostuvo que “a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo desde momentos importantes como fue la sentencia de Campo Algodonero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; luego con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia; los reglamentos, las legislaciones estatales, seguimos teniendo un gran déficit; y ¿por qué falla todo esto?, por la falta de articulación de las dependencias; primero al interior de las entidades federativas y después falta una articulación nacional”.
Agregó que “falta también una mayor armonización legislativa y sobre todo mayor concientización y conocimiento de los servidores públicos sobre el tema; parece mentira que desde 2007 tenemos la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y sigue habiendo, en muchos casos, desconocimiento en la materia tanto en la procuración como en la administración de justicia”.
Finalmente, dentro de su diagnóstico señaló:
“Un problema serio que tienen las Alertas de Género es que falta una evaluación en cada entidad federativa en donde hay alertas porque no se pueden quedar abiertas ad infinitum; tienen que cerrarse y evaluarse; y en un momento dado tiene que determinarse que faltó en esa entidad federativa y cuáles serían las responsabilidades, en su caso administrativas o del tipo que surgieren, de los funcionarios que no acataron las acciones inherentes a la alerta; esa parte de carencia de efectos vinculatorios también está limitando la eficacia de las mismas”.
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