Ø En la actual administración existe una crisis de derechos humanos, seguridad pública y protección a mujeres, lo que se muestra con el aumento de feminicidios en los últimos dos años, incrementando de 7 a 11 asesinatos diarios
Ø Precisó que el Estado tiene la obligación de aplicar el marco legal, establecer el estado de derecho, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y expuso que la enfermedad social en nuestro país es el machismo y el patriarcado
Ciudad de México.
Las disposiciones políticas y éticas que implementa el Gobierno Federal y sus instituciones no contribuyen al acceso a la seguridad y justicia a las mujeres para alcanzar una vida libre de violencia, destacó la diputada del GPPRD, Guadalupe Almaguer Pardo.
La legisladora federal precisó que con la presentación de la segunda “Cartilla Moral”, que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 26 de noviembre, la administración federal deja al descubierto la irresponsabilidad de las instituciones en México para aplicar y hacer cumplir la ley contra los feminicidios y violencia de género, la cual dijo aumentó en los últimos dos años y pasó de 7 a 11 asesinatos diarios y que se reflejó aún más ante la crisis sanitaria, por el confinamiento.
Al encabezar la Mesa de Diálogo Feminista “No hay Ética que Alcance, ante la inmoralidad Institucional”; Almaguer Pardo destacó que México atraviesa por una crisis de derechos humanos, de protección a los derechos de las violencias hacia las mujeres, en seguridad pública, en donde diariamente se refleja un retroceso en los derechos progresivos, con los dobles discursos desde Palacio Nacional.
Subrayó que la debilidad institucional se ha concretado porque se ha mandado al diablo las instituciones, e incluso mencionó que en materia de seguridad pública el presidente está militarizando el país y con ello aumentando la violación a los derechos humanos y recordó el caso de la indígena Ernestina Ascencio, en donde el Estado concluyó que no hubo violación a sus derechos humanos, cuando fue violada y asesinada por varios militares.
Lamentó que a nivel federal se presente una debilidad institucional, “No hay titulares en las secretarías de Estado responsables de los temas”, y cada cinco minutos evaden su responsabilidad en materia de seguridad, equidad de género y a su vez dan clases de moral a través de la una guía moralina, desde Palacio Nacional”.
La diputada Federal por San Luis Potosí, precisó que el Estado tiene la obligación de aplicar el marco legal, establecer el estado de derecho, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y expuso que la enfermedad social en nuestro país es el machismo y el patriarcado, cuya línea es permanente, los discursos postverdad que agreden a las mujeres, acciones y omisiones desde Presidencia.
En relación a la alerta de género Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios precisó que en México se carece de evaluación y seguimiento, sin embargo reconoció que previó a desarticular cualquier acción a favor de las mujeres es necesario, contribuir para fortalecer la ley general de acceso a una vida libre de violencia, en donde se incluye la alerta de género.
“El Gobierno Federal tiene varios pendientes en relación a la protección de las mujeres, niñas y adolescentes, no solo es necesario realizar campañas de no violencia, o que se declare un día al mes de naranja, es preciso que se atienda las violencias estructurales y conocer cuál ha sido su evaluación y cómo se aplica, al momento no tenemos una respuesta puntual de los resultados efectivos y garantes”
A su vez Yndira Sandoval, de las Constituyentes México, destacó que las alertas de género no deberían de existir, porque debe ser la última alternativa después de haber detectado, atendido, prevenido investigado y sancionado la violencia.
Consideró que casi todo el país se encuentre con alerta de género es absurdo; que siga a cargo de un ente público como lo es Conavim, porque no tiene un marco jurídico, por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión para regular esta comisión, además efectuó un llamado de corresponsabilidad a las gobernadoras y gobernadores para investigar, prevenir, sancionar y evitar llegar al extremo de la alerta de género.
En la Mesa de Diálogo Feminista “No hay Ética que Alcance, ante la inmoralidad Institucional”, participaron Yndira Sandoval, de las Constituyentes México y Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios.
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