En un pronunciamiento conjunto, las y los diputados federales firmantes rechazan cualquier reforma legal que busque debilitarlo, limitarlo, vulnerar su autonomía o transferir sus atribuciones a la SFP u otra dependencia del gobierno federal; significaría un retroceso inadmisible para nuestra democracia, el ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la opacidad y la corrupción
Ciudad de México. Los diputados Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros y Tonatiuh Bravo Padilla, coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, MC, respectivamente, y las diputadas Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, así como Laura Rojas, del PAN, rechazaron “cualquier intento de socavar al INAI o cualquier reforma legal que busque debilitarlo, limitarlo, vulnerar su autonomía o transferir sus atribuciones a la Secretaría de la Función Pública u otra dependencia del gobierno federal”.
A través de un pronunciamiento conjunto sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señalaron que “lo anterior significaría un retroceso inadmisible para nuestra democracia, el ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la opacidad y la corrupción”.
En el texto señalaron que “México, congruente con su compromiso con el avance de los derechos humanos y derivado del mandato de la Declaración de Río respecto del acceso adecuado a la información, así como en respuesta a las demandas ciudadanos y los movimientos sociales, aprobó desde 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), organismo que vio la luz en diciembre de 2003.
“En 2007 y con una reforma al artículo 6 constitucional, se consagró a las y los mexicanos el derecho a la información pública como fundamental. En 2014 el Constituyente Permanente reformó el artículo 6 constitucional con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para dotar de autonomía al IFAI, y transformarlo en el INAI. La reforma derivó en una Ley General en la materia y reformas a la Ley Federal vigente desde 2002; con ello se constituyó uno de los principales mecanismos de empoderamiento ciudadano y rendición de cuentas, y se estableció un equilibro de poder republicano congruente con las necesidades del Siglo XXI”.
Indicaron que “las leyes mexicanas en la materia son claras y mandatan que el INAI sea uno de los principales contrapesos del Poder Público. Su autonomía constitucional, independencia e imparcialidad sobre los tres Poderes del Estado y demás organismos autónomos, representa un instrumento clave para la democracia, pero sobre todo empoderan la participación ciudadana.
“Ninguna Secretaría de Estado puede o debe atender las responsabilidades que son facultad exclusiva de la INAI, pues detrás de su creación y trabajo constantes a lo largo de casi dos décadas, existen demandas ciudadanas e incluso mandatos internacionales que exigen al Estado mexicano, sea un organismo autónomo e independiente el encargado de vigilar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales”.
Aseveraron que “hasta ahora, el INAI ha cumplido con su mandato constitucional de manera satisfactoria, contribuyendo a inhibir o exhibir y sancionar abusos de poder, así como casos de corrupción. Destacan por su relevancia las resoluciones sobre Ayotzinapa, el Movimiento Estudiantil del 68, la Guerra Sucia, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Acteal, el Caso Colosio y la lista de nombres y montos de los créditos fiscales perdonados de 2007 a 2015. Sobre el caso Odebrecht es importante precisar que el Instituto ejerció a plenitud sus facultades y agotó todos los medios legales a su alcance para hacer que la autoridad correspondiente acatara la resolución”.
Las y los diputados federales firmantes del pronunciamiento destacaron que “el INAI ha fallado en favor de los ciudadanos, por lo que toda acción o injerencia por parte de cualquiera de los órganos del Estado para restar autonomía a este organismo pone en riesgo las legítimas causas que dio su origen, así como los avances democráticos del país a los que la propia institución ha abonado”.
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