• Le exige la liberación de Rogelio Franco, candidato perredista a diputado federal a quien ha puesto en riesgo en una prisión de alta peligrosidad
• Diputados y dirigentes perredistas reclaman igual celeridad en este juicio como en el mostrado contra el gobernador de Tamaulipas
El GPPRD solicitó formalmente a la Cámara de Diputados someter a juicio político al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; la Fiscal General de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, y a la juez de control Alejandra Castellanos Priego, por manipular facciosamente la ley en contra de sus opositores, como Rogelio Franco Castán, cuya seguridad además ponen en riesgo al confinarlo en una prisión de alta peligrosidad de la entidad.
La demanda de juicio político la presentaron la Coordinadora y el Vicecoordinador del Grupo, respectivamente Verónica Juárez Piña y José Guadalupe Aguilera Rojas, así como sus correligionarios Antonio Ortega Martínez, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Frida Alejandra Esparza Márquez, Jorge Casarrubias Vázquez, Karen Zobeida Vargas Pelayo y Leticia Gómez Martínez; así como Camerino Márquez y Edgar Pereyra, integrantes de la Dirección Nacional del PRD; quienes responsabilizaron a los acusados de cualquier daño a Franco Castán en el reclusorio de Amatlán de los Reyes, donde están confinados presos de alta peligrosidad.
En conferencia de prensa posterior a la presentación de la solicitud, Juárez Piña y Ortega Martínez lamentaron que el gobernador García Jiménez se comporte de la peor manera a como lo hicieron aquéllos a quienes criticó cuando era opositor.
Lo acusaron de manipular la ley y las instituciones del Estado para atacar, someter y poner en riesgo a quienes discrepan de él.
Aunque confiaron en la procedencia de su solicitud de juicio político, reconocieron que la mayoría del partido Morena -al cual pertenece el mandatario estatal- y sus aliados en la Cámara de Diputados podría concluir que no procede, ante lo cual anunciaron que recurrirán a otras instancias, incluso internacionales, para solicitar su intervención ante esta clara violación a los Derechos Humanos.
Juárez Piña destacó que el Franco Castán no es el único caso de este tipo de violaciones, arbitrariedades y agresiones a sus correligionarios en la entidad, pues al mismo le han antecedido incluso asesinatos, como el del ex alcalde de Paseo del Macho, Rafael Pacheco Molina, en diciembre de 2019, y el de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, en noviembre de 2020, quien fue ultimada luego de denunciar amenazas de funcionarios estatales.
Destacó que el de Rogelio Franco es otra clara violación a la Constitución General de la República y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de Cuitláhuac García, la Fiscal Hernández Giadáns y jueza de Control Alejandra Castellanos Priego, pues le inventaron un cargo -el de ultrajes a la autoridad- ante la imposibilidad de detenerlo por supuesta “violencia intrafamiliar”, ya que sus hijas rechazaron tal conducta y porque tenía en su poder un amparo de la Justicia.
“Lo que en realidad vemos en Veracruz es una persecución política en contra de los opositores al gobernador y a Morena. Rogelio Franco va en segundo lugar de la lista plurinominal de la tercera circunscripción. En lugar de ganarnos en las urnas, eliminan a nuestros contendientes porque les resultan peligrosos”, denunció la parlamentaria federal por Jalisco.
Ortega Martínez demandó a la Cámara de Diputados dar la misma celeridad a esta demanda de juicio político que la que se dio a la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una vez que el mismo GPPRD ratifique su solicitud en los próximos tres días.
Reconoció que el proceso podría ser largo y que duraría al menos 100 días una vez que la Secretaría General de la Cámara de Diputados remita la solicitud a sus Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia para que dictamine, someta su resolución al Pleno de la Cámara, ésta se convierta -en su caso- en parte acusadora ante el Senado y éste finalmente decida si condena con destitución e inhabilitación a los acusados, o los declara inocentes.
“El juicio podría llevar no menos de 100 días, pero tendremos la enorme oportunidad de exhibir la ignorancia, torpeza e inconsecuencia del gobernador Cuitláhuac García, que, sin imaginación, recurre a la persecución con acusaciones falsas, ridículas y cómicas; tendremos 100 magníficos días para exhibir su incongruencia y falsedad. Nos podrán ganar con su mayoría, pero el juicio final del pueblo será contra Cuitláhuac García”, advirtió.
Camerino Eleazar Márquez Madrid, secretario de Organización y Planeación Estratégica del PRD Nacional, por su parte, reiteró que Rogelio Franco es y será candidato, para lo cual su partido acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ser necesario.
A su vez, Edgar Pereyra Ramírez, secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos, advirtió que Veracruz vive en el gobierno de Cuitláhuac García una regresión de 40 años con la reutilización de las peores prácticas autoritarias contra la oposición.
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