• La diputada Esparza Márquez (PRD) presentó iniciativa de reformas
• Plantea crear programas de seguridad social no contributivos que contemplen pensiones por orfandad
Ciudad de México. La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) impulsa una iniciativa que reforma los artículos 50 y 51 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar su protección a la seguridad social.
Señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de incorporación a los sistemas de seguridad social a favor de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, para crear programas de seguridad social no contributivos que contemplen pensiones por orfandad y servicios de salud, como mínimo de protección.
Establece que, para garantizar el derecho a la seguridad social, deberán crear programas especiales que permitan incorporar a las niñas, niños y adolescentes que lo requieran a sistemas públicos no contributivos de seguridad social, considerando factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se menciona que la reforma obliga al Estado a diseñar mecanismos de apoyo económico o pensiones no contributivas a favor de niñas, niños y adolescentes, lo cual implicará que se considere una partida presupuestal anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, permite a las autoridades administrativas la libertad para identificar la población objetivo y los alcances que pueda tener, en función de las condiciones de vulnerabilidad.
El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, refiere que, al 5 de marzo 2021, el coronavirus enfermó a más de dos millones 300 mil personas, de las cuales el 49 por ciento son mujeres; habrían muerto 209 mil 198 personas, de las cuales, 37 por ciento eran mujeres.
Además, la pandemia aumentó la violencia, la discriminación, el desempleo y la pobreza de género, lo que permite dimensionar el riesgo y condición de vulnerabilidad en el que pueden estar miles de menores de edad al perder a su madre independientemente del motivo por el cual haya ocurrido el deceso.
“No sólo se trata de las mujeres que murieron por Covid-19 y que pudieron tener alguna condición de vulnerabilidad a la pobreza, sino que también nos permite identificar riesgos como la violencia u otro tipo de factores de riesgo que prevalece en la cotidianidad de las mujeres”.
Además, muchas no cuentan con seguridad social, por lo que sus hijas e hijos no son considerados derechohabientes o beneficiarios para acceder a una pensión contributiva.
Por ello, es necesario visibilizar y atender esta situación como un problema público, por sus implicaciones de atención psicológica, médica, social y económicas debido a la vulnerabilidad y otros tipos de riesgos, subraya.
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