Ciudad de México. Señala la Organización de las Naciones Unidas, que el aumento de la vulnerabilidad alimentaria en México, es una amenaza real en el contexto del COVID-19, ya que más del 50% de los hogares del país padecen algún tipo de inseguridad alimentaria y su población está afectada por la triple carga de malnutrición, que va desde la desnutrición, carencias en micronutrientes, hasta sobre peso y obesidad.
La Diputada Federal Mónica Almeida, compartió que estas carencias van de la mano con las económicas y la pobreza que sufre la población, situación que se intensificará debido a los 12 millones de nuevos desempleos, generando 30 millones más de pobres y 15 millones más de pobres extremos, los cuales de manera automática recaen en el rubro de personas con vulnerabilidad alimentaria, por lo que más de la mitad de la población sufrirá este padecimiento en el 2021.
En ese sentido Almeida López, principal impulsora del Mínimo Vital, aseguró que México debe implementar políticas públicas que impulsen el desarrollo rural integral y sustentable que logre el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos, por lo cual nuevamente propone que se garantice el derecho humano al alimento desde la creación del presupuesto federal, para lograr satisfacer esta necesidad vital para todos los mexicanos.
“México presenta serios problemas en el cumplimiento del derecho a la alimentación en materia de accesibilidad y disponibilidad, ya que cada día es más difícil adquirir una canasta básica ante el incremento en los precios de los alimentos el cual avanza de manera desmedida resultado de la crisis económica que estamos viviendo, es por ello que el Ingreso Mínimo Vital no es una opción, sino una obligación”, indicó.
En razón de lo anterior garantizar el Mínimo Vital desde la protección de los derechos básicos de los mexicanos, sin duda exige la implementación de un ingreso a los mexicanos, ante la incapacidad del Gobierno de poder cumplir con lo dispuesto en nuestra constitución ya que la omisión de las autoridades en los diversos rubros de la vida pública, no permiten asegurar la vida de las familias.
“Actualmente además de generar presupuestos cuyo eje de creación sean los derechos humanos, tenemos la propuesta para otorgar un Ingreso Mínimo Vital, el cual ayudará a miles de familias a lograr satisfacer necesidades alimentarias, de transporte entre otras, esto puede ser una realidad, si el gobierno deja de apostar por programas que hoy son un fracaso”, agregó.
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