- También instruye a Boca del Río entregar informe de arrastre de empresa de grúas
- Recomiendan a municipios cumplir Ley General de Archivos
Xalapa, Ver. Integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), aprobaron por unanimidad de votos, ordenar a distintos sujetos obligados que se entregue información relativa a las acciones implementadas en materia de medio ambiente, informes sobre los arrastres realizados por una empresa de grúa y la relativa a personas que estuvieron en nómina en un ayuntamiento.
En la sesión pública extraordinaria del Pleno del IVAI, las comisionadas Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, María Magda Zayas Muñoz y el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, analizaron y resolvieron 134 asuntos de los cuales, 111 fueron quejas ciudadanas por acceso a la información y 23 denuncias por incumplimiento en las obligaciones de transparencia de los años 2019 y 2021.
Sobre el expediente IVAI-REV/940/2021/I, una persona solicitó diversa información a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, en materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, medidas de control y seguridad implementadas, sanciones y denuncias respecto de la contaminación causada por un basurero a cielo abierto en el municipio de Platón Sánchez.
En el análisis del asunto realizado por la Ponencia I, se advierte que el sujeto obligado vulneró el derecho de acceso a la información del recurrente, pues su pretensión era conocer las acciones realizadas para mantener el equilibrio ecológico y en el caso de las medidas y sanciones correspondientes a la clausura de un basurero a cielo abierto en el mismo ayuntamiento. Referente a esta última, se informó que lo solicitado se reservó, omitiendo realizar la clasificación de la misma y la prueba de daño, la cual debe ser aprobada por el comité de transparencia de esa dependencia ya que se trata de un procedimiento administrativo en trámite.
“Además de las principios constitucionales y leyes que regulan el procedimiento de acceso a la información en México, se cuenta con un instrumento internacional: El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril. Su aplicación es obligatoria en nuestro país, con el objetivo de que se garantice el acceso a la información ambiental”, expresó la comisionada ponente Naldy Rodríguez.
Se analizó el expediente IVAI-REV/1019/2021/Il, en donde se solicitó información de servidores públicos del Ayuntamiento de Misantla, correspondientes al año 2012, y aunque dichos datos tienen más de 7 años de antigüedad, la ponencia consideró que se debió realizar una búsqueda exhaustiva de la información.
“Los sujetos obligados deben conservar los archivos en el desempeño de sus atribuciones y la conservación documental. Aunque la información es de años anteriores es importante que los sujetos obligados clasifiquen la información y que se apeguen a la Ley General de Archivo que es aplicable para todo el país”, expresó la comisionada María Magda Zayas Muñoz.
En cuanto al expediente IVAI-REV/978/2021/III, un peticionario solicitó información al Ayuntamiento de Boca del Río, sobre el número de servicios realizados por la empresa Arrastres Centralizados del Sureste S.A. de C.V., en los años 2019 y 2020 derivado de sus operativos.
“Ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, puesto que argumentó no contar con la cifra exacta, ya que otras áreas solicitaban el servicio de grúas y además de omitir la información correspondiente a su área, este debió cumplir con el deber que le imponen los artículos 132 y 134, fracciones II, III y VII, de la Ley de Transparencia, realizando una búsqueda exhaustiva de la información solicitada”, dijo el comisionado Alfredo Corona Lizárraga.
Por lo anterior, se aprobó revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Boca del Río, para que realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de Policía y todas aquellas áreas que pudiesen contar con la información solicitada, con la finalidad de que otorgue respuesta al ciudadano respecto del número de servicios realizados por la empresa Arrastres Centralizados del Sureste S.A. de C.V, durante los años 2019 y 2020, derivados de los operativos realizados por el ayuntamiento.
Finalmente, la Dirección Jurídica fundó las denuncias por incumplimiento en las obligaciones de transparencia en contra de los ayuntamientos de Colipa, San Andrés Tuxtla y Juan Rodríguez Clara, así como de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, a quienes se les sancionará con un apercibimiento y se ordenó a cada sujeto obligado, la publicación de las fracciones denunciadas.
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