SCJN debe atraer asesinatos de periodistas de Veracruz para que no queden en impunidad

• La diputada Norma Azucena Rodríguez señaló que México y Veracruz son de los lugares más peligrosos para las y los periodistas
• Autoridades federales deben intervenir porque las estatales no han dado resultados, por lo que continúan ese tipo de agresiones

Ciudad de México. A nombre del GPPRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, propuso que la Suprema Corte de Justicia la Nación atraiga las investigaciones de los asesinatos de periodistas en el estado de Veracruz; al tiempo que condenó y demandó el esclarecimiento del crimen de la periodista María Elena Ferral, ultimada recientemente en Papantla, al norte del estado.
De la misma manera, solicitó la intervención de la Cámara de Diputados para a su vez exhortar al gobierno de Veracruz a que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de otras y otros profesionales de la comunicación a fin de evitar más crímenes semejantes.
Ante las dudas razonadas de que el gobierno estatal incumpla esta encomienda, la diputada federal por esa entidad también se pronunció porque este órgano legislativo exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a atraer los casos de delitos del fuero común cometidos contra los y las periodistas.
A través de una propuesta de punto de acuerdo, argumentó que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para las y los periodistas, al concentrar uno de cada seis homicidios en su contra de los que se perpetran en territorio nacional.
Citó datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con los cuales entre 2018 y 2019 se cometieron 23 homicidios de periodistas y se presentaron 195 quejas por agresiones en su contra.
Sin embargo, la gran mayoría quedó impune debido a “deficiencias”, “irregularidades”, “fallas” e “insuficiencias” de las propias autoridades estatales, aunque también de las municipales y federales.
Por lo anterior urgió a fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel nacional y estatal, el cual está previsto en la Ley con el mismo nombre.
En ésta se ordena la cooperación entre la Federación y las entidades federativas a fin de implementar y operar medidas de prevención para garantizar vida, integridad, libertad y seguridad de las y los periodistas, en particular de quienes estén en situación de riesgo.
Contempla una serie de medidas y plazos para aplicar diversas acciones protectoras para la generalidad de quienes participan en la tarea de comunicar, pero también específicos para mujeres periodistas, quienes además lidian con entornos amenazantes particulares y un creciente acoso a través de Internet.
A fin de atacar y resolver esta problemática específica, la legisladora del Partido del Sol Azteca reclamó perspectiva de género en la actuación de las autoridades administrativas, ministeriales y judiciales a fin de visibilizar este tipo de violencia y prevenirla e investigarla a partir de un análisis diferenciado.
Rodríguez Zamora calificó las agresiones contra periodistas como un atentado contra los derechos de la sociedad y la democracia en general, específicamente contra su derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión consagrados en la Constitución y otras leyes.
Lamentó que esas leyes, así como acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la normatividad de Veracruz para proteger a periodistas, en la práctica son “letra muerta”, como lo muestra el caso de Ferral Martínez, para cuya familia exigió justicia y protección.

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