• El Congreso debe privilegiar el diálogo con los sectores productivos y dejar de lado los afanes persecutorios de la iniciativa presidencial, señala la Coordinadora perredista.
• Es positivo delimitar las formas de subcontratación que afectan los derechos de trabajadoras y trabajadores y que merman los ingresos públicos, dijo.
• Sin populismos penales, se necesita una legislación integral y una autoridad eficaz que garantice derechos y proteja las instituciones de seguridad social y la hacienda pública, apuntó.
Ciudad de México. La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 12 de noviembre, en materia de prohibición de la subcontratación, si bien puede evaluarse como un proyecto que permitiría evitar los efectos más perniciosos por los contratos en que una empresa proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, resulta excesiva en sus sanciones que pueden llegar incluso a considerar esta actividad como defraudación fiscal bajo la forma de delincuencia organizada, por lo que se le impondría la prisión preventiva oficiosa, advirtió la Diputada Federal, Verónica Juárez Piña.Explicó que en la iniciativa se distinguen y regulan diversas formas de terciarización laboral, o sea que no desaparece la subcontratación como tal. “Reconoce la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de estos como una actividad legal, pero que debe regularse mediante la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y un registro público que garantice que no se están simulando relaciones laborales ni evadiendo responsabilidades”, indicó.De la misma forma, añadió, la propuesta reconoce a las agencias de colocación como intermediarios laborales, pero no les permite ser considerados como patrones.Mediante reformas a la legislación en materia de seguridad social, impone a las empresas prestadoras de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas obligaciones de información y control, para evitar evasiones.También en materia fiscal, condiciona las deducciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado al cumplimiento de autorización de la STPS y a la entrega de información relacionada con los contratos y el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.Con estas normas, dijo la legisladora por Jalisco, “se puede prever que serían inhibidas el incumplimiento de derechos laborales, la evasión de responsabilidades en materia de seguridad social y fiscales y una auténtica competencia desleal contra empresas que trabajan de manera regular y en estricto cumplimiento de la ley.”Sin embargo, alertó, “se agregan a estas disposiciones requisitos excesivos de registro ante diversas instituciones (STPS, IMSS, INFONAVIT, SAT) que más que servir como controles, provocarían más bien que se inhiba el cumplimiento de tantos registros e informes.”Lo mismo puede decirse de las sanciones, dijo. “Siguiendo con la línea del gobierno federal de imponer un terrorismo fiscal y penal, la iniciativa sostiene que la eficacia de la autoridad está en razón directa con las sanciones. Así a quienes subcontraten o quienes contraten servicios u obras especializadas sin autorización pueden tener una sanción de más de 4 millones de pesos.”Igualmente, agregó, “se equipara al delito de defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, así como realizar la subcontratación de personal. Si esto es realizado en complicidad de más de tres personas se consideraría delincuencia organizada, teniendo por efecto la prisión preventiva de oficio a los responsables.”“Sin estas sanciones excesivas, una acción eficaz y coordinada de la autoridad, sería suficiente para evitar los efectos más nocivos de la subcontratación, por lo que este rubro debe ser revalorado por las comisiones dictaminadoras”, consideró.Recordó que algunas voces han criticado a la reforma porque los efectos de su aplicación podrían ser el cierre masivo de empresas, sosteniendo incluso que con esto el país puede perder competitividad y que la contratación directa, con las responsabilidades que conlleva no es sostenible por las empresas que actualmente subcontratan personal.Ante eso, precisó, “debe tenerse en claro que, en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales de los cuales México es parte, y en consecuencia son Ley Suprema, los derechos de las y los trabajadores son considerados derechos humanos; que establecen el trabajo es una obligación y una responsabilidad social y que prohíben que el trabajo sea considerado como una mercancía.”“Partiendo de eso, resulta inaceptable mantener o defender situaciones que han llevado a la precarización del trabajo en México. Pretender que no es el momento para una reforma de este tipo es defender la simulación en que se encuentran 4.6 millones de trabajadoras y trabajadores sin estabilidad en el empleo, sin prestaciones que dependen de ésta como el aguinaldo, las vacaciones y el reparto de utilidades”, opinó.“Es mantener a trabajadores sin inscripción a la seguridad social, con subdeclaración de cuotas y aportaciones o sin posibilidad de recibir una pensión, servicios médicos o créditos de vivienda y sin posiblidades de ejercer su derecho a la organización en defensa de sus intereses”, advirtió. “Postergar este debate es encubrir a evasores de la seguridad social y del fisco”, alertó. “Quien considera que debe flexibilizarse el trabajo olvida que esto ya está sucediendo desde hace décadas por esquemas de simulación como estos y que conculcar derecho no ha hecho al país más productivo, ni ha generado más empleos. Una fuerza de trabajo mal pagada, sin derechos y en precariedad no debe ser la ventaja comparativa del país para competir en un mercado global ni es el modelo laboral al que debemos aspirar ni tenemos porque seguirlo manteniendo”, concluyó.
Sobre el Autor
